Tras conocerse en el INE la negativa oficial de la Secretaría de Hacienda de otorgarle más recursos para organizar la revocación de mandato, consejeros electorales cuestionaron la decisión. Es necesario que el Poder Judicial responda en las controversias interpuestas ante esta tentativa de estrangulamiento presupuestal, señaló el consejero Uuc Kib Espadas. Es un “trato indigno para un órgano autónomo” que sea un funcionario del quinto nivel de jerarquía quien firme la respuesta, indicó Carla Humphrey.
Ante la decisión del gobierno federal, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, instruyó a la secretaría ejecutiva para que, al cumplirse los requisitos legales para este ejercicio, se elabore la convocatoria para aprobar el viernes, pues “la revocación de mandato va”. En esta convocatoria deberán hacerse las modificaciones reglamentarias correspondientes para que se realice a partir de la suficiencia financiera del INE, esto es, había dicho por la mañana en un acto que, “sin más recursos, sólo se instalará 30 por ciento de las casillas” que estipula la ley.
Señaló que, con independencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto sobre las controversias en torno a los recursos con los que contaba, el INE “no se ha detenido y está listo para organizar la revocación de mandato conforme a la ley y apegándose a las resoluciones del Poder Judicial y con una amplitud acorde con los recursos disponibles. Lo que viene ya no depende de la decisión o la voluntad del INE, sino de las condiciones que nos han generado otros poderes”.
En torno a la respuesta gubernamental, hubo cuestionamientos de gran parte de los consejeros, incluso de quienes se han pronunciado internamente por mayores esfuerzos de reducir costos en el INE. Humphrey lamentó el desdén en el trato de la SHCP.
Las críticas de consejeros a la decisión de la SHCP (que se conoció en plena sesión) no fue el único tema en el debate. Casi unánimemente consejeros y representantes partidistas de oposición alertaron sobre la gravedad de que se hayan detectado 17 mil muertos en las firmas de apoyo que se presentaron para promover el ejercicio, además de mil 205 de presos sin derechos políticos y más de 50 mil firmas con credenciales dadas de baja porque había ya caducado su vigencia, según se desprende del informe del Registro Federal de Electores.
El consejero Jaime Rivera alertó sobre el regreso a estas prácticas ominosas del viejo régimen porque en la recolección de firmas no se tuvo la “pulcritud” necesaria. Lo preocupante es que esto “podría representar un intento de resurrección de prácticas del pasado, que en el mejor de los casos eran picarescas, pero en realidad eran inadmisibles”.
Al presentar su informe, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina detalló también que en la visita a ciudadanos que entregaron su firma se detectó que 75.04 por ciento admitieron haber respaldado este ejercicio y 24.96 por ciento negó que la firma que apareció haya sido voluntad suya. Ante esta situación, se determinó que el RFE remitirá a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que se deslinden posibles responsabilidades administrativas y penales.
