El punto clave de los alegatos encendidos que se han cruzado respecto de la forma de vida en Houston de uno de los hijos del Presidente de México reside en la demostración, o la falta de ella, de hechos firmes, datos duros, que muestren conflicto de interés o algo similar en cuanto a la adquisición o disfrute de un inmueble ciertamente lujoso, y no sólo en comparación con los que la clase media mexicana puede adquirir.

Los ciudadanos tienen el derecho de estar muy atentos a la evolución patrimonial de las familias en el poder. Ese ejercicio nunca será un exceso, aunque sí ha de cuidarse que los señalamientos y denuncias tengan el sustento adecuado. Otro aspecto a cuidar es que, mientras no se demuestre lo contrario, no puede adjudicarse a padres e hijos las responsabilidades jurídicas, políticas o ideológicas de cada cual en cuanto mayor de edad.

Un ejemplo que se ha mencionado mucho en estas horas es el de la casa blanca adquirida por Angélica Rivera, entonces esposa de Enrique Peña Nieto. Un trabajo periodístico puntual, irrefutable, que el equipo de trabajo conducido por Carmen Aristegui difundió con hechos que conmocionaron a ese poder instalado en Los Pinos. Lo que hasta ahora han presentado Latinus y Mexicanos contra la Corrupción carece de esa contundencia y, por ello, a pesar del revuelo que ha causado, sigue estancado en la polémica y la interpretación.

Ayer, la compañía estadunidense Backer Hughes comunicó que no tiene nada que ver con el episodio de José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, aunque reconoció que uno de los dos inmuebles mencionados era propiedad de uno de sus anteriores ejecutivos, Keith L. Schilling. La empresa ha recibido contratos importantes durante la administración de Peña Nieto y también en la actual.

En otro tema: No fue exactamente dirigido a él, pero sí en el contexto de una pregunta periodística centrada en él, así que Ricardo Monreal ha de decidir si asume el consejo presidencial mañanero de ponerse cera en los oídos, para no “hacerle caso al canto de las sirenas”. La referencia se produjo durante un amplio recordatorio andresino de una parte de quienes iniciaron el movimiento político y social hoy en el poder federal.

La circunnavegación retórica del Presidente de México fue detenida por el mismo reportero para retomar el tema original: “Pero yo decía nada más: ¿las puertas de Palacio Nacional están abiertas todavía para Monreal, para un tamal de chipilín?”. A lo que López Obrador respondió en lo general: “Claro que sí, claro que sí, para él y para todos, claro que sí” (https://bit.ly/3AMZ1tX).

¿De verdad le reabrieron las puertas políticas de Palacio Nacional al zacatecano o sólo las gastronómicas regionales? ¿O, por el contrario, se siguen cerrando esas puertas palaciegas y abriendo las de salida de Morena, lo cual alegraría a opositores a la 4T, hoy tan ayunos de cartas reales o Monreales?

Alejandro Moreno Alito está decidido a reducir la de por sí maltrecha nómina de cuadros con poder dentro del PRI, al anunciar que intentará (falta que la comisión correspondiente de ese partido apruebe la pretensión) la expulsión de Quirino Ordaz Coppel, el ex gobernador de Sinaloa que ha aceptado ser embajador de México en España. Es de suponerse que lo mismo sucederá con el campechano Carlos Miguel Aysa, quien está propuesto con el mismo rango a República Dominicana, y con Claudia Pavlovich, definida ya como cónsul de carrera en Barcelona.

A la hora de cerrar la presente columna no se conocía el resultado de las elecciones sindicales petroleras, aunque sí había ya una serie de señalamientos y denuncias por actos presuntamente violatorios de la legalidad y los aires democráticos que se había asegurado habrían de regir tal proceso electoral. Los quejosos aseguran que la corriente de Carlos Romero Deschamps, símbolo de la máxima corrupción en esos menesteres sindicales, hizo todas las marrullerías clásicas para seguir en el poder, ¡hasta mañana!

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