La construcción del Tren Maya ha enfrentado letargos y obstáculos, mientras que en la península de Yucatán persisten la destrucción de recursos naturales y el desorden, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Del primer punto explicó que había letargo, “para decirlo amablemente”, en las empresas constructoras, pero ahora “ya se echaron a andar, hay responsabilidad”, lo cual ayuda para cumplir el objetivo de inaugurar la obra en diciembre de 2023.
Sin embargo, previamente se había detectado la demora de una empresa, cuyo nombre no reveló, al grado de que fue necesario amagar con el retiro del contrato.
“¿No estás avanzando?, (pues contratamos) otra empresa. Cuando hay moche no se puede, ‘cómo me vas a quitar el contrato si ya te di para tu campaña’. Entonces, es algo totalmente nuevo y sí vamos a inaugurar el tren aun con todos los obstáculos”, sostuvo el mandatario.
Subrayó que la megaobra cuenta con el apoyo de la población y por eso no han prosperado los amparos promovidos por “los Claudios X. González y el abogado Ramón Cossío, ex ministro”, o por los seudoambientalistas. De no tener el respaldo de la gente, añadió, “ya nos hubiesen parado la obra”, señaló.
En el área de Tulum, campesinos cedieron mil 200 hectáreas para el Tren Maya, por lo cual les reiteró su agradecimiento, al igual que a las empresas comprometidas y a los ingenieros militares que apenas concluyan el aeropuerto Felipe Ángeles se irán al sureste a “aplicarse” con uno de los siete tramos del tren.
Litigio y negociación
Y en un segundo episodio en aquella región, si bien no afecta la construcción en referencia, sí podría generar costos multimillonarios a la administración actual.
Con base en los comentarios emitidos ayer por el Presidente, y también en un documento al que tuvo acceso La Jornada, el riesgo de pérdidas para el erario viene de una demanda interpuesta al final del sexenio pasado por un consorcio dedicado a la extracción de caliza.
Los demandantes son Legacy Vulcan, de capital estadunidense, y Calizas Industriales del Carmen (Calica).
En la controversia, iniciada en el contexto del acuerdo comercial de América del Norte (entonces TLCAN, hoy T-MEC), los quejosos exigen una compensación de mil 500 millones de dólares más intereses.
La firma está representada, entre otros, por Bernardo Sepúlveda Amor, ex embajador de México, y canciller durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Aun cuando la concesión fue otorgada en el último día del sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno actual debe atender las consecuencias, toda vez que en mayo de 2020 la Secretaría de Economía recibió y desde entonces atiende la demanda.
El Presidente dijo que el objetivo es poner orden a todos los daños ambientales que seguramente no ven ni los dueños de esas empresas ni los ex funcionarios y menos los ambientalistas que en su momento dieron permisos y ahora acuden a cumbres del cambio climático.
Afortunadamente, dijo, están respondiendo bien los dueños de la empresa (a una eventual negociación).
El litigio incluye una zona portuaria y una mina ubicada a unos mil metros de la playa, en la costa azul turquesa del país, de ahí que como ya está el socavón, la zona podría utilizarse como zona turística y tener casi albercas naturales, “buscando un acuerdo, pero que ya no se siga destruyendo y que retiren su demanda (en paneles internacionales) porque no tiene fundamento legal”, subrayó el mandatario.
