Buenos Aires. Una multitudinaria marcha integrada por organizaciones políticas, judiciales, sindicales, organismos de derechos humanos y sociales llegó este martes ante los tribunales en esta capital en demanda de la democratización de la justicia, rechazando la utilización de la misma con fines políticos y obedeciendo a intereses ajenos a su tarea y exigiendo el fin de la guerra sicológica (lawfare), donde jueces y fiscales – entre ellos los de la propia Corte Suprema- han colaborado con los medios masivos de comunicación y partidos políticos de la derecha para desestabilizar el país e instalar la impunidad.

La marcha se desarolló en un marco de fuerte tensión, tras la renuncia del diputado Máximo Kirchner Fernández a la presidencia del bloque del peronista Frente de Todos (FdT) en rechazo al acuerdo firmado por el gobierno del presidente, Alberto Fernández, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después de una larga negociación en la que ese organismo reconoció que para entregar ese préstamo se violaron sus propias normas. El mandatario lamentó la renuncia y reconoció el trabajo de Kirchner, que ocupará su banca de diputado .

Kichner será relevado al frente del bloque del FdT por el diputado Germán Martínez, muy cercano al ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

La multitudinaria manifestación fue convocada a escasos días del aniversario de que “en 1930, la Corte Suprema de Justicia avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen”, se recordó en un comunicado leído en el acto.

Los manifestantes reclamaron ante los tribunales terminar con la impunidad que hizo posible una persecución política y un conducta mafiosa durante el gobierno de Mauricio Macri, mediante el espionaje y la utilización de jueces para plantar causas falsas, por lo cual fueron ilegalmente presos 44 argentinos, y otros perseguidos y denigrados como es el caso de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la nación.

El último escándalo en estas horas es el traslado de la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, en el extremo sur del país, a los jueces de la “mesa judicial” macrista para asegurar la impunidad al ex presidente Macri y varios de sus funcionarios, que además de mentir sobre este hecho, espiaron -como se comprobó-a los familiares de los 49 tripulantes desaparecidos con el submarino.