Morelia, Mich. La comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, ganó el amparo a dos empresas mineras que están extrayendo hierro de sus tierras sin que se haya realizado la consulta y el proceso judicial que exige la ley.

El pasado 21 de enero, el juez sexto de distrito con sede en Uruapan concedió un amparo a esta comunidad ubicada en la zona serrana del nor-occidente de Michoacán, contra la concesión minera que otorgó la Secretaría de Economía sin haber consultado a la comunidad de manera libre, previa e informada.

A más de tres años de iniciado el proceso legal, en el que la comunidad ha sido representada legalmente por el Centro Prodh, la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación a los derechos de la comunidad indígena y declaró la suspensión de los títulos de concesión minera a dos empresas hasta que la comunidad sea consultada.

Centro Prodh confía en que la Secretaría de Economía del gobierno federal debe abstenerse de impugnar, tomando en cuenta cuál ha sido la posición política del gobierno federal a favor de la defensa de los derechos indígenas.

La sentencia a favor de San Juan Huitzontla ha sido emitida cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a analizar, el próximo 2 de febrero, el Amparo en Revisión 134/2021, presentado por la comunidad indígena de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, acompañada por Fundar - Centro de Investigación y Análisis y el Consejo Tiyat Tlali.

Si la SCJN no realiza un análisis profundo sobre la Ley Minera, se seguirá validando una legislación que permite concesionar sus tierras y territorios sin considerar la obligatoriedad de que se les consulte y se obtenga el consentimiento libre e informado, señala Centro Prodh, tomando en cuenta que la mayoría de las comunidades y pueblos indígenas en nuestro país no cuentan con condiciones materiales para sostener largos litigios contra poderosos intereses económicos.

Por ello, al tiempo que se celebra el triunfo que representa la suspensión de las concesiones mineras en el territorio de San Juan Huitzontla el Centro Prodh, la Red solidaria de Derechos Humanos en Michoacán y la comunidad se suman a las voces que demandan una revisión integral de la legislación en la materia, proceso en el que la inminente decisión de la SCJN es fundamental.

Comunidad de Aquila denuncia a funcionarios agrarios por irregularidades

Comuneros del pueblo de Aquila denunciaron al magistrado Jorge Arturo Bernal y a Juan Carlos Robles, secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario 38 (TUA), con sede en Colima, por otorgarle derechos a un grupo minoritario de esta comunidad nahua, que pretende obtener regalías de la empresa minera Ternium sin ser parte de los beneficiarios.

Tras una larga lucha, los comuneros de la cabecera municipal de Aquila, lograron después de 2012 que la empresa trasnacional Ternium les pagara regalías por la extracción diaria de más de 10 mil toneladas de hierro diarias, lo que les permitió a cada uno de ellos obtener entre 14 y 18 mil pesos mensuales.

Antonio Díaz, consejero y representante comunal del grupo mayoritario del pueblo de Aquila señaló que desde hace al menos cinco años, sin ningún sustento legal, un grupo de habitantes de esta misma comunidad ha buscado obtener parte de las regalías y tomar las riendas de la comunidad con el contubernio de dos funcionarios del TUA. “Dicho comisariado comunal ilegal es encabezado por Juan Carlos Martínez con quienes el magistrado y el secretario han negociado y tomado acuerdos afectando el patrimonio de quienes integran la comunidad de Aquila”.