Xalapa, Ver. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, informó que aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer nahua de la Sierra de Zongolica, presuntamente violada y asesinada el 26 de febrero de 2007 por militares asentados en la región, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010).

La recomendación 45VG/2021 fue emitida en agosto de 2021 y está dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGJV) y a la Secretaría de Salud, aunque esta última no se ha pronunciado al respecto.

Entre los puntos importantes mandata que se inicie una nueva investigación del caso y realizar más diligencias, a fin de subsanar “las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado”.

Después de cinco meses Hernández Giadáns dio a conocer que aceptaba la recomendación, pues tras su llegada al cargo, “uno de los principales paradigmas es el pleno respeto y protección a los derechos humanos de las víctimas, ofendidos e imputados dentro de las carpetas de investigación”.

Destacó que la FGJV “entregará a la CNDH las pruebas correspondientes para acreditar las acciones realizadas con el objetivo de dar cumplimiento total a la recomendación 45VG/2021”.

Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años, murió el 26 de febrero de 2007 por una presunta agresión sexual cometida por militares. El crimen puso en jaque al entonces gobernador de Veracruz, el priísta Fidel Herrera Beltrán, y al presidente Felipe Calderón Hinojosa, que en ese momento impulsaba la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Omisiones y contradicciones

Tras el crimen las autoridades incurrieron en una serie de omisiones, contradicciones y retractaciones que impidieron el acceso a la verdad y la justicia para la familia de Ernestina Ascencio.

La recomendación hace referencias a que en las indagatorias por la agresión sexual y el homicidio de Ernestina Ascencio se incurrió en falta de veracidad y manipulación de los dictámenes periciales.

Y por ello exige a la fiscalía y a la Secretaría de Salud “limpiar y dignificar la memoria de la señora Ascencio Rosario”, y exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a coadyuvar en más acciones de disculpa pública y reparación integral a 14 años de lo sucedido.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina fue encontrada herida de gravedad a 300 metros de un campamento militar, antes de perder el conocimiento pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome” (los vestidos de verde). Al día siguiente murió.

El perito Pablo Mendizábal aseguró que había sido violada por tres personas; sin embargo, el 13 de marzo de ese año Felipe Calderón dijo que Ernestina había fallecido por una úlcera y descartó el abuso sexual.

A 14 años, la exigencia de justicia escaló a nivel internacional. El Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Kalli Luz Marina, organizaciones civiles que promueven los derechos humanos en Veracruz, llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diciembre de 2020 se realizó la audiencia en la CIDH, en donde la FGJV y representantes del gobierno de México reafirmaron que la muerte de Ernestina Ascencio fue por anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo y no por la violación tumultuaria.

La CIDH demandó al Estado mexicano responder por el cambio de peritaje en el que se aseveró que la muerte sí era consecuencia de la violación y no por enfermedad.