Al iniciar el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, considero necesario detenernos a analizar qué tanto se ha logrado en torno a la transformación del país, lema de campaña de su gobierno, tomando en cuenta que la “transformación” de una nación como la nuestra no es algo sencillo y que los grandes movimientos sociales que en su tiempo requirieron tiempos bastante más largos a los de un sexenio, además de grandes derramamientos de sangre, sin lograr plenamente los objetivos que se buscaban.
En un artículo que publiqué a finales de 2020 expuse las razones por las que una verdadera transformación requiere un cambio en el modo de pensar de las nuevas generaciones, para lo cual la educación es fundamental; en el caso particular de la corrupción, la elaboración de materiales educativos y la preparación de los maestros, para tratar este tema con sus estudiantes son estrictamente necesarios, sin embargo, la pandemia de covid-19 y la visión de las autoridades educativas ha orientado los programas educativos hacia otros temas que han sido considerados fundamentales. ¿Será posible que en el tiempo que resta del sexenio se pueda hacer algo al respecto?
Un asunto que ha sido importante para el Presidente se resume en su frase “primero los pobres”, por ello, muchos de los programas de gobierno están orientados a ayudar a los que menos tienen, con el propósito de elevar sus condiciones de vida. De hecho, algunos de ellos se iniciaron en la Ciudad de México, cuando él era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a partir de una iniciativa suya para asegurar un ingreso que ayudara a los hombres y mujeres de la tercera edad, para que éstos no fueran una carga adicional para las familias de bajos ingresos. Con el paso del tiempo, los gobiernos de varias entidades establecieron programas similares y no pocos, comenzaron a condicionar esas aportaciones; de manera que éstas les aseguraran mayores votaciones en las próximas elecciones, siguiendo las prácticas establecidas por Carlos Salinas en Solidaridad. Los actuales programas de apoyo del gobierno de López Obrador, incluyendo becas para los estudiantes, apoyos para las madres solteras y la cobertura económica a los ancianos de toda la nación por el gobierno federal, constituyen hoy una realidad para las familias pobres y, de manera especial, para las entidades con mayores índices de pobreza.
¿Pero qué certeza existe de que en los próximos sexenios estos programas no serán utilizados con fines políticos? Y ¿Cómo asegurar que estos recursos sean utilizados de manera correcta en un país donde la cultura dominante ha sido la del coyotaje? Por otra parte, y aplaudiendo la existencia de estos programas y de sus funciones actuales, debiéramos estar conscientes que buena parte de estos apoyos constituyen sólo una solución temporal, que no resuelve los problemas de fondo relacionados con la mejor distribución de la riqueza y la reducción de la pobreza. México se reconoce hoy como la décimo tercera economía del mundo, pero con cerca de 70 por ciento de su población en estado de pobreza o de pobreza extrema, complementado con 25 por ciento de clase media, para la cual buena parte de sus ingresos y condiciones de vida, la colocan también en un nivel de recursos muy limitados, mientras una minoría de familias y empresas concentran la riqueza e ingresos generados por los sectores productivos.
Por ello, lo que nuestro país requiere es reducir la pobreza mediante la modificación de normatividades sobre el pago de salarios y prestaciones a los profesionistas, técnicos, obreros, campesinos y empleados administrativos, asegurando que un porcentaje importante del monto de los ingresos de las empresas sea destinado a sus trabajadores.
En el caso de la administración pública, incluyendo al gobierno federal y al Congreso, a los gobiernos estatales y sus respectivos congresos, así como al sistema de justicia de la nación, se replica igualmente una distribución del ingreso caracterizado por altos sueldos y prestaciones para altos funcionarios y percepciones reducidas para el resto, siendo del conocimiento público que si bien López Obrador redujo sustancialmente sus percepciones y señaló la necesidad de establecer un tabulador que asegurara que el sueldo del Presidente fuese el más alto de la administración pública, esto fue prácticamente ignorado por los altos funcionarios del Poder Judicial, de los organismos descentralizados y por los gobiernos estatales.
Adicionalmente, la modificación de las leyes y de sus reglamentos asociados, promovidos e impulsados por los gobiernos neoliberales y por integrantes de los sucesivos congresos, a partir de Miguel de la Madrid, para favorecer a bancos y grandes empresas, son causantes, en buena medida, del crecimiento de los niveles de pobreza y miseria que hoy abruman al país. Por ello, la necesidad de reducir éstos mediante la derogación de esas normas y el establecimiento de otras diseñadas para eliminar este mal endémico del país y asegurar los niveles de vida de la población, aunque algo de esto se ha comenzado a hacer, es mucho lo que falta por concretar en las tareas fundamentales de la 4T.
Una herencia igualmente negativa de los pasados gobiernos ha sido la promoción de la educación privada, desde los grados iniciales hasta la superior, promoviendo la idea de que ésta es “de más calidad” que la pública, constituye un mecanismo para transferir recursos de la población de clase media a la del sector de mayores ingresos, por lo que dedicaré una parte de mis próximos artículos a tratar este tema. La lectura del libro No es normal, de la doctora Viridiana Ríos, profesora mexicana preparada en la Universidad de Harvard y ahora maestra en ella, me ha facilitado la preparación de esta serie de artículos.
