El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer que su gobierno logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por su antecesor, el derechista Mauricio Macri. En un mensaje a la nación, el mandatario afirmó que el entendimiento alcanzado permitirá al país “crecer y cumplir”, toda vez que, a diferencia de los arreglos típicos del Fondo, “no contempla restricciones que posterguen el desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de los jubilados, no obliga a una reforma laboral; promueve inversión en obra pública, no impone llegar a déficit cero, no impacta en servicios públicos, no relega el gasto social y respeta planes de inversión en ciencia y tecnología”.
Por su parte, representantes del organismo multilateral informaron que se acordó un “sendero fiscal” para mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reducir el financiamiento monetario, una estrategia para disminuir de manera progresiva los subsidios a la energía y “el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación”. Con todo, en las próximas semanas continuarán las conversaciones del personal técnico del FMI con autoridades argentinas, y los acuerdos finales estarán sujetos a la consideración del Congreso de la nación austral y la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.
Desde el inicio de las negociaciones, el presidente Fernández denunció tanto el carácter impagable del préstamo (cuyo monto excede el total de las reservas del Banco Central) como su inocultable sesgo político: no puede olvidarse que el crédito fue otorgado al macrismo en momentos en que esa administración ultraneoliberal naufragaba en medio de una brutal depreciación de la moneda, inflación descontrolada, cierre masivo de empresas de todos los tamaños y un creciente repudio social por los despidos masivos en el sector público y los tarifazos en energía eléctrica, gas doméstico y gasolinas. En este sentido, nueve ex gobernantes latinoamericanos y uno español publicaron una misiva en la que exigen al FMI eliminar los sobrecargos de la deuda creada para beneficiar electoralmente al macrismo, así como asumir su parte de responsabilidad en el otorgamiento de un crédito técnicamente inviable.
En espera de que se concrete la versión final del acuerdo, el desarrollo de los acontecimientos permite vislumbrar los peligros de poner los destinos de una nación en manos de tecnocracias globales más interesadas en apuntalar regímenes afines y en sostener la rentabilidad de los grandes capitales que en las consecuencias sociales y humanas de sus decisiones. Al mismo tiempo, la posibilidad de restructuración de la deuda sin recurrir a los conocidos programas de choque impuestos por el Fondo supondría un parteaguas en las relaciones del organismo con los países, y sentaría un saludable precedente para que en el futuro las necesidades de las mayorías sean prioridad en toda negociación entre entes acreedores y naciones deudoras.
