En tremendo brete se metió el empresario José Antonio Fernández (mejor conocido como El Diablo, cabeza visible de Fomento Económico de México –Femsa–, fundado por su familia política comandada por el extinto Eugenio Garza Lagüera, su suegro) al intentar vender la idea de que la cadena de tiendas Oxxo –perteneciente a ese corporativo– “paga lo justo” por consumo de energía eléctrica y “protege el medio ambiente”.

Por medio de un video difundido en redes sociales, a El Diablo se le hizo fácil “desmentir” al gobierno federal, que desde hace cuando menos un año denuncia a la cadena Oxxo no sólo por el pago de tarifas mínimas, vía retorcido esquema, sino por dedicarse a la venta ilegal de energía eléctrica, por medio de una empresa disfrazada de “autoabastecedora”. ¿Cuál es el “truco” utilizado por esas tiendas, cuyo número ha crecido como la humedad (son alrededor de 20 mil en la República), para obtener tarifas mínimas? Sencillo, de acuerdo con el corporativo: “uso de refrigeradores de bajo consumo, luces led y segunda caja cerrada para ahorrar luz”.

El Diablo, junto con sus genios propagandísticos, creyó convencer de que, como presume, “paga lo justo” por consumo de energía eléctrica, cuando en los hechos nada está más lejos de la realidad. Dado lo anterior, en la mañanera de ayer se giró invitación para que José Antonio Fernández y/o sus enviados debatan públicamente con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad sobre sobre el “pago justo” de la cadena Oxxo.

En vía de mientras, en ese mismo espacio los directores de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Reyes Hernández, y de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Vilmas, subrayaron que consorcios como Oxxo operan como “sociedades ilegales de autoabasto, porque no les está permitido vender electricidad, sino para satisfacer supuestamente las necesidades propias”, pero se asocian con empresas distintas. “Es ilegal, porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en 2013, que es un mercado eléctrico mayorista, es un mercado que no debería de existir, y eso lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se le denomina el porteo”.

Estas “empresas” de autoabasto funcionan fuera de la legalidad y de pilón reciben subsidio del Estado, amén de que se asocian con otros grandes corporativos que, a su vez, se benefician del sistema inequitativo de tarifas establecido por el neoliberalismo, el mismo que la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente López Obrador desaparecería. Por cierto, la trasnacional española Iberdrola es la que más centrales de “autoabastecimiento” tiene en el país.

Y en la radiografía presentada por los funcionarios de la CFE aparece el consorcio de El Diablo: 8 mil 46 tiendas Oxxo están en una central que se llama Eólica del Sur, donde su mayor participante es la trasnacional japonesa Mitsubishi; 7 mil 117 con Enel, trasnacional italiana, y el resto en consorcios como IEnova y la española Elecnor.

Se constata que “estas empresas tienen integrados a los 19 mil 376 establecimientos Oxxo, que no pagan la transmisión o algo simbólico: 11 centavos por cada kilowatt/hora en el transporte de la energía, cuando una tienda normal paga un peso. Son los costos del servicio conocido como porteo o porteo estampilla. Entonces sí tienen grandes beneficios y gran interés para que estos sistemas continúen, porque las utilidades son extraordinarias para ellos, no por ser más competitivos ni más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos”.

La cereza, por cortesía de los funcionarios de la CFE. ¿De dónde salió el dinero para todo ello?: “todos los capitales son inversiones donde participaron, por políticas neoliberales, los fondos de desarrollo de México, como Bancomext, Nacional Financiera”. Así es: el Estado financiando la privatización de los bienes nacionales. Una oda al atraco.

Las rebanadas del pastel

Apenas una semana atrás felices brindaban la canadiense Americas Gold and Silver, Tatiana Clouthier y el gobernador de la entidad (los mineros no fueron invitados) por la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, y ayer de nueva cuenta estalló la huelga. ¿Por qué? Simple: la trasnacional incumple, viola las leyes mexicanas y los derechos laborales, y se niega a reconocer al sindicato nacional de mineros, titular del contrato colectivo. ¿Así “solucionan” los conflictos en la Secretaría de Economía?