La Fiscalía General de Justicia local reabrirá el caso Digna Ochoa, luego de que el 21 de enero fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos(CIDH) que determinó la responsabilidad del Estado mexicano en las graves fallas en la investigación.
En un comunicado, la FGJ capitalina expuso que “de conformidad al compromiso para que la indagatoria garantice la participación activa de la familia y sus representantes, en un marco de actuación sustentado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género”, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes para avanzar en el diseño de un plan de investigación.
Aunque no mencionó fechas, la institución señaló que la reapertura “conlleva a una conducción estratégica de las acciones de investigación que permitan a la familia, a las personas defensoras de derechos humanos y a la comunidad, identificar el compromiso de las autoridades por el esclarecimiento de los hechos y el valor que tiene recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
La instrucción de la fiscal Ernestina Godoy, indicó, “es dar cumplimiento cabal” a la sentencia dictada por el organismo internacional. México, que como Estado soberano es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribió y ratificó su adhesión a diversos instrumentos internacionales y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte”, por cual se reabre la investigación de la muerte de Dig-na Ochoa.
“Ello se realizará adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales; poniendo al centro a las víctimas, y, con objetividad, imparcialidad y rigor científico”, señaló el comunicado.
En el resolutivo, la CIDH concluyó que el contexto en el que falleció Ochoa se caracterizaba por la impunidad generalizada “por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época de los hechos del presente caso en México y que vino precedida de años de amenazas ejecutadas contra ella”.
