La segunda mitad de los 80 dio cabida a una vigorosa movilización estudiantil que enfrentó la propuesta de reforma impulsada por el rector Jorge Carpizo. El movimiento universitario alcanzó una gran intensidad e involucró a los más diversos sectores de la institución y, si bien al final fue contenido, también representó momentos de tensión y enfrentamiento. En tal sentido, lejos de ofrecer un elogio preliminar a un movimiento que implicó una intensa confrontación de posiciones, se busca exponer la histórica capacidad de la comunidad universitaria para dirimir su problemática interna y para hacerse presente ante los retos de la vida nacional.
El nuevo rector, surgido de las filas del soberonismo, llegaba con un proyecto que, bajo el título de Fortaleza y debilidad de la UNAM (1986), iluminaba los grandes logros de la institución y, a la vez, marcaba en forma autocrítica sus zonas deficitarias. Aunque el documento presentado por el rector Carpizo aportaba interesantes apreciaciones sobre la institución, lo cierto es que expresaba un fuerte apego a los documentos de planeación del gobierno de Miguel de la Madrid e incluso a las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así, los planteamientos emanados del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial Educativo y del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior serían diáfanamente retomados en las tres propuestas centrales de la reforma institucional: el incremento a las cuotas, la aplicación de exámenes departamentales y la restricción de las condiciones del pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura. Tales propuestas, que constituían parte del “primer paquete” de la propuesta de reforma, serían aprobadas por el Consejo Universitario. Sin embargo, la votación no sería unánime pues un pequeño y activo grupo de estudiantes se pronunciaría enérgicamente contra su aprobación.
Las vacaciones intersemestrales retardarían por dos meses la respuesta masiva de los estudiantes. En ese lapso, los principales medios de comunicación hacían eco de la propuesta del rector. Por otro lado, comenzaban a surgir voces como las del sindicato universitario y del sector académico que, sumándose a la inconformidad estudiantil, discrepaban de las posiciones oficiales. Por su parte, los estudiantes llevaban a cabo dos asambleas en las que, expresando su rechazo a las reformas, ratificaban la defensa del carácter gratuito de la educación superior y del pase reglamentado (o automático). Asimismo, acordaban pugnar por una “reforma democrática” y crear una organización que sería denominada Consejo Estudiantil Universitario (CEU).
Al regreso de las vacaciones –el 26 de octubre– tendría lugar el primer mitin estudiantil y cinco días después, en una nueva asamblea, se constituiría formalmente el CEU. La naciente organización rechazaba las medidas aprobadas por el Consejo Universitario, llamaba a la transformación global de la universidad y convocaba al rector Carpizo a debatir en forma pública sus propuestas. Si bien dicho llamado resultaba inusual para las prácticas tradicionales, la respuesta institucional anunciaba una inesperada disposición de escucha a las voces de la comunidad. Así, la segunda semana de noviembre y con el fin de “analizar discrepancias” daban inicio las reuniones entre los representantes del CEU y del rector, las cuales se extenderían hasta las primeras semanas del siguiente enero.
En el marco de una intensa movilización estudiantil, el aparato institucional generaría diversos intentos para contener las expresiones de oposición, llegando a proponer la flexibilización de las medidas aprobadas por el Consejo Universitario. El CEU por su parte demandaba la derogación total de las medidas y un Congreso Universitario resolutivo. El resultado es conocido, el 29 de enero estalló una huelga que se extendería por tres semanas y en las que –el 10 de febrero– el Consejo Universitario acordaría la histórica suspensión de las modificaciones a los reglamentos, así como la realización del Congreso Universitario. El movimiento estudiantil no se extinguiría y tres años después, en 1990, se verificaría tal evento, bajo sendos proyectos: uno institucional y otro alternativo que darían lugar a nuevas e intensas discusiones.
La presencia social de la Universidad Nacional en los 80 fue pródiga. La solidaridad de la comunidad universitaria se hizo patente ante los daños de los sismos de 1985 y el campus recibió con entusiasmo, en 1988, las propuestas electorales del progresismo nacional. Sin embargo, una de las principales lecciones de lo ocurrido entre 1986 y 1987, fue la capacidad de la comunidad universitaria para resistir el modelo económico en ciernes. El sector más numeroso de la institución, el estudiantil, había logrado encabezar la resistencia ante las orientaciones macroeconómicas de entonces. Vendrían nuevos retos y ahí estaría la comunidad universitaria.
