Fue admitida a trámite la controversia constitucional presentada por diputados de la oposición en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, al que señalan como regresivo por disminuir el gasto en temas ambientales, de género y protección de la niñez.

El juicio es promovido por legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, quienes afirman que el gasto destinado a algunos de estos temas específicos es contrario al principio constitucional de no regresividad de derechos.

Así, del decreto del PEF 2022, impugnan “en concreto los anexos 13, erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres; 16, medio ambiente y recursos naturales; 18, recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes; 19, acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; 22, ramo 33. Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y 32, adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados”.

Los diputados de oposición sostienen que en la reforma en derechos humanos de 2011 se incorporó en el artículo primero de la Constitución el principio de progresividad, el cual establece que materias relacionadas con estos derechos no puede haber pasos atrás.

Cuando promovieron este juicio constitucional, los legisladores de oposición sostuvieron que “el presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”.

Por ello, en la acción de inconstitucionalidad, registrada con el consecutivo 187/2021, piden a la SCJN que invalide los anexos impugnados del PEF 2022.