El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ratificó el compromiso de la Casa Blanca para frenar el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.
En una declaración emitida ayer, aseveró que esto se da como parte del renovado acuerdo entre los gobiernos de ambos países en materia de seguridad denominado Entendimiento Bicentenario.
El diplomático remarcó que en esa estrategia, el miércoles se instaló en la sede de la cancillería mexicana el Grupo de Trabajo sobre el Tráfico de Armas, en cual analizará formas de llevar ante la justicia a los traficantes de pertrechos balísticos.
Estados Unidos, expuso Salazar, asume su responsabilidad en el problema del paso ilegal de armas –del que casi la totalidad termina en poder del crimen organizado– y refirió que hay tres casos judiciales recientes contra traficantes que preveían a los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Noreste (CDN).
El gobierno de México ha insistido en el grave impacto del paso irregular de ese arsenal e incluso demandó, en agosto pasado, a 11 empresas estadunidenses “para que asuman su responsabilidad” en este delito.
La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que cada año se trasiegan de manera ilegal medio millón de armas, de las cuales 70 por ciento proviene de la vecina nación del norte. Diversas fuentes apuntan que casi 4 millones de los crímenes que se cometen al año en México son con un arma fabricada en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadunidense confirma la estadística de que entre 70 y 90 por ciento de las armas aseguradas en escenas criminales en México proceden del mercado negro desde Estados Unidos.
Salazar aludió que el pasado 19 de enero, un gran jurado federal formalizó la acusación contra seis personas por 23 cargos relacionados con la exportación ilegal de armas a México para el CJNG.Los acusados encaran cargos cuyas condenas son hasta de 30 años en prisión.
En Oklahoma, agregó el embajador, Andrew Scott Pierson enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares tras declararse culpable de conspirar para violar la Ley de Control de Armas. Cinco de sus cómplices han admitido responsabilidad penal y uno está fugitivo presumiblemente en México. Estas personas formaban parte de una organización con base en Laredo, Texas, que ensamblaba armas de fuego para que funcionaran de manera automática para el CDN y el CJNG.
En el tercer caso un gran jurado federal formalizó la acusación contra un ciudadano mexicano, residente en Oregon, y 10 de sus socios por 52 cargos.
David Acosta Rosales se declaró culpable en septiembre del año pasado de dirigir una conspiración para obtener y contrabandear a México rifles de alta potencia y armas de fuego de alto nivel para el grupo delictivo Nueva Generación.
“Estos casos son buenos ejemplos de nuestros esfuerzos por hacer justicia. Con la renovada cooperación en seguridad con México bajo el Entendimiento Bicentenario, continuaremos protegiendo a nuestros pueblos”, aseveró.
