Madrid. La multinacional de la electricidad Iberdrola sufrió hoy dos reveses en los tribunales de España, donde está sometida a procesos judiciales por diversos delitos relacionados con su actuación profesional, entre ellos los de presunto espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos ecológicos.

En el juzgado de Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, se emitió un importante auto en el que se acordó profundizar en la investigación relacionada con la vigilancia y el espionaje ejercidos por Iberdrola contra empresas que eran su competencia, pero también contra dirigentes políticos, periodistas y activistas del medio ambiente.

Actualmente, Iberdrola tiene abiertos dos grandes frentes judiciales en España; uno es en la Audiencia Nacional de Madrid, donde se investiga la trama de espionaje que se basa en las pruebas y testimonios del ex comisario de policía José Manuel Villarejo, quien habría sido contratado por la multinacional para vigilar y “someter” a sus rivales o a políticos, periodistas y activistas críticos con su gestión. El otro frente lo tiene en un juzgado de la provincia de Zamora, donde se investiga un delito ecológico por el vaciado intencionado de un embalse, el de Ricobayo, en el verano pasado, para manipular los precios de la electricidad en España. En ambos procesos, la justicia avanza y los indicios son desfavorables para la principal empresa eléctrica del país.

Ignacio Sánchez Galán culpa a colaboradores

El 18 de enero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, testificó de forma presencial durante más de dos horas ante el juez García Castellón, quien instruye una de las causas contra la empresa, acusada de espionaje, cohecho, falsedad documental y atentado contra la intimidad. En su declaración, el empresario negó su vinculación a los hechos, que atribuyó a uno de sus colaboradores más cercanos durante esa época, el que fuera su jefe de seguridad, Antonio Asenjo. También intentó desacreditar el testimonio de otro ex directivo de la empresa, José Antonio del Olmo, quien aportó al juzgado importante documentación en la que se acreditó una de las pruebas clave del caso: la factura del pago al ex comisario de policía para realizar las labores de espionaje contra sus rivales en el sector, sobre todo contra el actual presidente del grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez.

El juez García Castellón no sólo dio validez a esos documentos y testimonios, sino que también ordenó prolongar la investigación durante seis meses y otorgarle protección al ex directivo Del Olmo para que siga colaborando con la investigación sin temor a sufrir algún tipo de amenaza o ataque. Además, el juez le retiró a Iberdrola la condición de “querellante”, con lo que ya no podrá, al menos en este juzgado, presentar las denuncias contra Del Olmo por supuesta falsedad documental y robo de información confidencial, como pretendía la defensa de Iberdrola.

En su resolución, el magistrado también abre la vía para que, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se decida si se imputa o no a Iberdrola como entidad jurídica y no sólo a su filial de Iberdrola Renovables, como ocurría hasta ahora. Eso podría suponer la imputación del grueso de la cúpula directiva de la multinacional, además del propio Sánchez Galán, que ya está en calidad de imputado.

Los seis meses de ampliación de la investigación los autorizó el juez para practicar una serie de diligencias nuevas, entre ellas citar a declara a una serie de testigos, que podrían ser hasta 15, que supuestamente conocían con detalle los nombres de las personas vigiladas y las intenciones que perseguía la empresa con estas medidas.

La Guardia Nacional acusa a la empresa de secar embalse

En relación con la investigación por el vaciado del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora y registrado el verano pasado, la Guardia Civil entregó un informe al juzgado de instrucción número cuatro de Zamora, en el que se advierte que la decisión de Iberdrola de dejar prácticamente sin agua el embalse para manipular los precios de la energía, provocó “pérdidas económicas, problemas de abastecimiento de agua, y graves daños en instalaciones agrícolas y turísticas de la comarca”.

El proceso, que se inició a raíz de la denuncia de un vecino de la zona, sigue su curso y se prevé que el próximo 16 de febrero sean citados a declarar tanto los responsables de Iberdrola y de la Confederación Hidrográfica del Duero, que también fue imputada por los delitos ecológicos que se investigan en la causa. La investigación judicial trata de dilucidar si existen indicios de delito por el desembalse, especialmente acusado durante los meses de junio y julio, que causó problemas de abastecimiento a algunas poblaciones y afectó negativamente a embarcaderos y recursos turísticos asociados al pantano. El embalse de Ricobayo, el más grande de la provincia de Zamora, bajó de 95 a 11 por ciento su nivel entre finales de marzo y finales de julio, lo que generó, además de la manipulación de los precios de la electricidad en el país, el malestar de los vecinos de la zona y severos daños en la infraestructura de la comarca.