El presidente López Obrador subraya que en la oposición a la reforma eléctrica por él promovida existe “una intención perversa” de destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “para que todo el mercado quede en manos de privados, sobre todo extranjeros”. Y su advertencia no es fortuita, porque a lo largo de su mandato ha denunciado infinidad de negocios sucios con los bienes de la nación: contratos leoninos, subsidios a las empresas, mercado paralelo, concesiones a manos llenas y mucho más, todo con base en una “legalidad” (verdadero traje a la medida) confeccionada por el régimen neoliberal, siempre al servicio del gran capital.
Pero esa “intención perversa” de la oposición rabiosa no se limita al sector eléctrico, puesto que toda iniciativa para cancelar esa “legalidad” es tomada como “agresión” por parte de los beneficiarios del régimen neoliberal. ¿Qué defienden los opositores?: su “derecho” de saquear al país, exprimir el presupuesto público a su favor, comerse todo el pastel, tener un gran corporativo disfrazado de nación y atracar descarada, impune y permanente. Y en seis gobiernos gerenciales no solo agarraron cariño a esas prácticas, sino que no dejaron piedra sin tallar.
Por ejemplo, desde el inicio de su gobierno, López Obrador y sus funcionarios han denunciado todo tipo de jugosos negocios sucios a costillas del erario, la existencia de contratos leoninos que a la nación le han costado miles y miles de millones de pesos, gracias a la “cortesía” del régimen neoliberal. En febrero de 2019, uno de ellos, Manuel Bartlett, director de la CFE, documentó que “actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y Transcanada que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la Comisión a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas”.
Por si fuera poco, Bartlett detalló que “la CFE lleva pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así pagándose hasta llegar a 70 mil millones. De continuarse esos contratos, la Comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen gastos verdaderamente exorbitantes”.
Pues bien, casi tres años después la mugre no deja de brotar: “durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen… El negocio era comprar el gas, muy posiblemente para las empresas de la iniciativa privada” ( La Jornada, Miguel Ángel Velázquez). Además, “el costo de la compra de gas natural mediante 27 contratos firmados en ese sexenio (para alimentar 17 termoeléctricas que nunca se construyeron) permanece reservado debido a las cláusulas establecidas en los contratos firmados con IEnova (filial de Sempra Energy), Fermaca, TC Energy (antes Transcanada), TGNH y Carso Energy” (La Jornada, Alejandro Alegría).
Solo es un ejemplo de lo que defienden quienes -la mayoría cabilderos de las empresas, o si se prefiere marionetas de ellas- dan la cara en el supuesto parlamento abierto que sobre la reforma eléctrica se desarrolla en el Congreso. Pero tres años atrás el propio Bartlett dio nombres de aquellos que mueven a los títeres con “una intención perversa”: Carlos Salinas Gortari, José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles González Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón y algunos más. Todos participaron en la confección de la citada “legalidad” (“certidumbre jurídica” decía Borolas) para que el gran capital engullera al sector energético nacional e hiciera sucios negocios a costillas del erario, y ahora todos, de una suerte u otra, trabajan para las empresas privadas que se han beneficiado de forma por demás escandalosa y contraria al interés nacional.
Las rebanadas del pastel
Continúa la mesa de trabajo en Gobernación con miras a resolver, de fondo y sin simulaciones, la huelga minera de 2007 en Cananea. La presencia del subsecretario Alejandro Encinas debe ser garantía de que ello sucederá. Asistentes a ese encuentro comentaron que el tóxico barón Germán Larrea y su Grupo México no estuvieron representados, pero todo indica que se trata de una versión equivocada, porque el corporativo sí envió a dos de los suyos: Luisa María Alcalde y Alfonso Durazo.
