Legisladores de Morena en el Congreso capitalino exigieron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priísta Ernesto Alarcón Jiménez, la integración del Comité de Responsabilidad Parlamentaria solicitada por el presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco, tras las denuncias de legisladoras por actos de violencia política y acoso contra diputados.
Lo anterior, durante la sesión del órgano de gobierno legislativo para aprobar el calendario de sesiones del periodo ordinario que inicia el próximo martes, en la que se tuvo conocimiento de la declinación del Instituto Electoral local (IECM) para indagar la denuncia contra el diputado panista Ricardo Rubio Torres por actos de violencia política en contra de Díaz Polanco en la sesión del 7 de octubre pasado.
La denuncia fue presentada por la representante legislativa de Morena ante el organismo, Yuriri Ayala Zúñiga, al referir en el escrito correspondiente que el legislador del blanquiazul utilizó la tribuna para agredir verbalmente al presidente de la mesa directiva “al referirse a su persona con adjetivos denostativos” como “insulso, ignorante, torpe, güey”.
El IECM consideró que al no existir una afectación directa de los derechos político-electorales de Díaz Polanco, en el ejercicio o desempeño de su cargo, la denuncia rebasa el ámbito de competencia electoral y declinó la competencia para conocer del hecho al comité, conforme a lo que dispone el Código de Responsabilidad Parlamentaria, que no se ha instalado.
Reprochan dilación
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, así como las diputadas Lourdes Paz y Xóchitl Bravo, señalaron que el organismo advirtió de actos contrarios a la ética legislativa y reprocharon la demora en la instalación del comité.
Rubio, vicecoordinador del PAN, utilizó la declinación de competencia del IECM para asegurar que la denuncia era “infundada” y justificó su actitud contra del presidente de la mesa directiva con su derecho, “como representante del pueblo, a decir lo que quiera en tribuna”.
Asimismo, refirió que aun cuando alguien no se dirija con el debido respeto “que creen, la ley, la Constitución y el reglamento permiten, por esa inviolabilidad parlamentaria, que no podamos ser ni reconvenidos ni procesados por las manifestaciones en tribuna”, y se jactó de que de instalarse el comité no podrá actuar en su contra porque “la Constitución impide que se instale un tribunal para juzgar hechos del pasado”.
