En julio de 2022 se cumplen 15 años de uno de los conflictos más largos en la historia de las luchas obreras de México. Al igual que las huelgas de Taxco, Guerrero, y San Martín en Sombrerete, Zacatecas, la mina de cobre de Cananea representa un símbolo de injusticias políticas y sociales, abusos y represión por parte de una clase empresarial que actúa en la impunidad y con prepotencia. Ha sido uno de los más grandes explotadores de los recursos naturales y de la mano de obra que existen en el país: me refiero a Grupo México, encabezado por un señor, como describió Juan Rulfo, de horca y cuchillo: Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.
Las reservas de mineral de Cananea se explotan desde finales del siglo XIX por capital extranjero y a cielo abierto desde 1940. Esta mina, que lleva más de 100 años de explotación, se mexicanizó en 1971. Pero en 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari inicia un proceso de privatización oscuro y la entrega al empresario Larrea mediante una quiebra fraudulenta, ya que el yacimiento producía la mayor riqueza y los trabajadores se esforzaban cada día para operar con la mayor productividad y eficiencia.
Para impedir las protestas de los mineros que denunciaron la arbitrariedad y el abuso de declarar la quiebra sin sustento, el presidente Salinas de Gortari envió al Ejército el 20 de agosto de 1989 para tomar la mina, apagar y reprimir la protesta, en aquel famoso día de “domingo verde”. Al poco tiempo y con un plan macabro y neoliberal, Salinas también privatizó Banrural. Las tierras de los colindantes con la mina se entregaron, incluso el monopolio del agua, a Grupo México. Exactamente todo lo opuesto a la reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940.
La huelga actual, que se inició el 30 de julio de 2007, fue resultado de la negativa de Germán Larrea a corregir los puntos de riesgo y de mayor inseguridad para la tragedia que ocurrió poco más de un año antes en la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros. Además, la empresa se negó a pactar los incrementos salariales y en prestaciones que correspondían a los trabajadores, retuvo ilegalmente las cuotas sindicales y se negó a reconocer a la representación sindical local y nacional.
Estallada la huelga, la empresa solicitó hasta en cuatro ocasiones la inexistencia y las cuatro veces se lo concedió ilegalmente la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje (JFCA), por decisión del nefasto Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo de Felipe Calderón y hasta la fecha “gato” de Larrea y cómplice de todas esas violaciones al estado de derecho y a los intereses de los trabajadores. Ese siniestro tipo puso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al servicio de los patrones y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, en un caso claro de traición y corrupción política.
El Sindicato Nacional de Mineros se amparó en todas las ocasiones, acreditó y demostró las violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) ante los tribunales respectivos, los cuales revirtieron las acciones a favor del derecho legítimo a la huelga, ante la desesperación y coraje de los barones de la minería. Grupo México y su abogado Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación en ese momento, acudieron a la JFCA a solicitar la terminación definitiva de las relaciones de trabajo de mil 200 mineros y la cancelación del CCT por “causas de fuerza mayor”, lo que en una sola audiencia, sin pruebas que lo acrediten y sin ninguna inspección para verificar las condiciones de la mina, la JFCA resolvió inmediatamente el 14 de abril de 2009, incluyendo el laudo, desechar las pruebas del sindicato y de los mineros y admitir la solicitud de la empresa.
Así es como el gobierno de Felipe Calderón utilizó el poder y la fuerza para terminar una relación de trabajo de más de 50 años. Increíble la corrupción y el sometimiento descarado de ese gobierno espurio, que en menos de un mes después de haber declarado “causas de fuerza mayor”, Grupo México reinició operaciones en la mina de Cananea sin trabajadores mineros. Llegaron al colmo de publicar mantas y desplegados de “Se solicita personal. ¡Único requisito!: no ser de Cananea”. Cambiaron de nombre al histórico yacimiento por Buenavista del Cobre, modificaron el CCT a uno de salarios y prestaciones muy bajos, con un tercio del que tenían los mineros; contrataron hasta trabajadores de fuera de Cananea, Sonora, incluso llevaron centroamericanos, y pactaron con su cómplice y subordinado de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, un gánster de nombre Javier Villarreal, con un contrato de protección patronal, que continúa vigente hasta hoy. Por arte de magia desapareció la causa de fuerza mayor que sólo se declara en situaciones de guerra, epidemias y desastres naturales, que nunca existieron.
El gobierno de Felipe Calderón envió a cerca de 4 mil elementos de la Policía Federal y del Ejército para desalojar a los mil 200 mineros y sus familias. Después de expulsarlos con violencia, Grupo México y Larrea suspendieron los servicios médicos y hospitalarios a los hijos de los mineros, los corrieron de las escuelas y dejó sin agua y gas a gran parte de la población de Cananea. Violaron la Constitución al permitir la discriminación en contra de los auténticos y verdaderos trabajadores originarios de Cananea.
Ahora que se iniciaron las pláticas conciliatorias en la Secretaría de Gobernación, existe enorme esperanza de los trabajadores de las tres huelgas en contra de Grupo México para alcanzar una justa reivindicación de sus derechos, la justicia, el respeto y la dignidad que se merecen los mexicanos. Hay grandes expectativas y confianza de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se pueda llegar a un acuerdo favorable y positivo para quienes se lo merecen y han generado la riqueza de Larrea y del sector minero de México.
