Es obligado tener a Jaime Bonilla Valdez en la lista de investigaciones por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el domingo anterior en Tijuana.

Como empresario, mantuvo una postura de prepotencia y marrullería ante la demanda por despido laboral injustificado en una televisora de su propiedad (PSN), litigio que finalmente fue ganado por quien ahí había sido conductora de programas noticiosos. Obligado a pagar por esa derrota, Bonilla debía poner a disposición de la periodista sus libros contables, lo que abría la puerta a una eventual difusión de irregularidades judicialmente ­punibles.

“No sabes lo que viene”, había comentado la periodista luego de ser notificada del triunfo de su demanda y de su inminente designación como depositaria interventora de Primer Sistema de Noticias (PSN), “un consorcio de empresas de medios masivos de comunicación, conformado por una sociedad mercantil concesionaria de cuatro estaciones regionales de amplitud modulada y una estación de frecuencia modulada; una concesionaria de televisión abierta en Ensenada, Baja California, y una plataforma web”. El canal televisivo transmite a través del canal 45 y en su logotipo se menciona como “Tijuana-San Diego, La voz del pueblo” (www.psn.si).

Lourdes Maldonado había dicho: “Tengo la obligación legal de revisar la documentación contable y dar fe de que todo está legal, que se paga Infonavit, SAT, Seguro Social, que paga impuesto sobre la renta y que paga IVA. Y Bonilla no paga nada de eso, porque en los seis años que yo estuve allí, jamás vi que a nadie nos entregara nada ni se firmara nada” (https://bit.ly/33SjCB2).

No pudo la periodista asumir tal papel interventor ni recibir el pago por los seis años que trabajó en PSN y los nueve que mantuvo su demanda laboral. Nada de lo antes mencionado significa una relación obligada con los hechos criminales del domingo reciente, pero parecería una preocupante predisposición exculpatoria el atenuar de antemano esas ­circunstancias.

Como político, inversionista en campañas y proyectos políticos, Bonilla llegó a gobernar Baja California por dos años, pero pretendió forzar leyes locales y Constitución federal para regalarse más años de ejercicio sin pasar por las urnas. Su administración estuvo regida por los caprichos, los arranques declarativos, las malas cuentas y las disputas incluso con miembros de su partido, Morena, entre ellos la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En su primera conferencia de prensa como gobernadora, Marina del Pilar denunció en Mexicali una serie de irregularidades graves cometidas durante la administración de Bonilla: pago de rentas onerosas, contratos al doble de lo que debería cubrirse, proyectos sin culminación, entre otras anomalías. La sucesora, morenista, destacó el caso de una planta fotovoltáica: “revisaremos los certificados de inversión que son por 6 mil millones de pesos, porque es un contrato desfavorable para el estado y se está haciendo una revisión técnica, jurídica y financiera” (https://bit.ly/3g2J756).

Por lo pronto, el Presidente de México aceptó ayer en su conferencia matutina de prensa que Bonilla podría integrarse a su equipo, lo cual comenzó a mencionarse semanas atrás, en especial a mitad de diciembre, cuando el ya ex gobernador visitó Palacio Nacional. La presidenta de Mexicali incluso publicó ese día en redes sociales que Bonilla se incorporaría como subsecretario.

“¿Y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete?”, le preguntaron ayer al presidente López Obrador, quien respondió: “Sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso?” En Mexicali, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, declaró que hasta el momento no existen indicios científicos para relacionar el asesinato de Lourdes Maldonado con su ejercicio periodístico o con el litigio laboral con el ex gobernador Jaime Bonilla (https://bit.ly/3G6xaWC). ¡Hasta mañana!

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