Madrid. Entre los siglos XV y XVII, en plena Edad Media, en Europa era práctica habitual la quema de personas acusadas de brujería, santería o cualquier actividad considerada herejía o blasfemia. Muchas veces eran llevadas a hogueras en las plazas públicas para que el pueblo fuera testigo.

En Cataluña, al igual que en el resto de las regiones del reino de España, hubo cientos de asesinatos de este tipo; se calcula que unos 800, y por eso ahora el Parlamento catalán aprobó una resolución para “reparar” la memoria de esas “brujas”, de las que en la mayoría de los casos no se conocen ni sus nombres ni su origen.

En un debate atípico en el Parlamento de Cataluña, que en los últimos años se dedica casi en exclusiva a cuestiones relativas al proceso de secesión del Estado español, se habló de brujas, hogueras, santería y persecución. Los grupos legislativos que defendieron la resolución responsabilizaron de ello a la “misoginia”, al “patriarcado”, al “capitalismo” y a la moral imperante, marcada por los dogmas de la Iglesia católica.

La resolución fue presentada por las nacionalistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y Candidatura de Unitat Popular (CUP) y contó con los votos a favor de En Comú Podem (marca electoral de Unidas Podemos en la región) y del Partido Socialista de Cataluña (PSC).

En la resolución presentaron textos históricos que se remontan a cuando se aprobó la “ley contra el crimen de brujería”, que data de 1424, ya que a partir de entonces se inició la quema en hogueras públicas sobre todo de mujeres de procedencias diferentes, como gitanas o migrantes, que cultivaban costumbres y credos distintos. Cualquier conducta fuera de la “normalidad” las podía condenar a la muerte.

Según esas investigaciones históricas, la comarca catalana del Pallars Sobirá, en la provincia de Lleida, fue uno de los lugares de Europa con más ejecuciones por los supuestos delitos de “brujería”. El texto de “reparación de la memoria histórica” advierte que estas mujeres “fueron víctimas de una persecución misógina” y “con la visión que tenemos hoy, hablaríamos de feminicidio y persecución política a la disidencia”. Incluso señalan la ejecución como un escarmiento creado por el “sistema capitalista”.

La resolución agrega que las mujeres que fueron “procesadas, torturadas y ejecutadas por supuesta brujería eran migrantes, pobres, sanadoras, con saberes sobre la sexualidad y la reproducción, gitanas, viudas y consideradas conflictivas. Todas ellas estigmatizadas y señaladas por sus propios vecinos como brujas y emponzoñadoras”.

En la resolución se apremia a los ayuntamientos de la región a incorporar a la nomenclatura de sus calles, algunos de los nombres que se conocen de las mujeres quemadas en la hoguera, como otro signo de “reparación” de su memoria.

Opositores critican la resolución

A pesar de que el PSC respaldó la iniciativa, cuestionó que se utilice el pleno del Parlamento catalán para este tipo de cuestiones y no para debatir acerca de “los grandes problemas que afectan a la ciudadanía, cuestiones reales y actuales”.

En términos similares se expresaron otros grupos de la oposición, a lo que respondieron las formaciones que presentaron la moción que “la caza de brujas fue la represión contra la disidencia, la misoginia y el machismo”.