La idea de que el país cayó en una trampa que hizo imposible salvar su situación de pobreza y ahondó las diferencias entre la población, con todo lo que representa debido al modelo económico impuesto durante el llamado periodo neoliberal, le quedó más que claro a la secretaria de Energía de Estados Unidos, luego de conocer cómo se crearon entidades de saqueo entre los gobiernos mexicanos y la iniciativa privada.

Seguramente no fue nada grato para la funcionaria de Joe Biden, Jennifer Granholm, que algunas empresas aprovecharan la ambición de muchos funcionarios mexicanos de primer nivel a fin de consolidar sus negocios.

Y es que dos nombres de las firmas de negocios que trabajan en México debieron llamar su atención. Por un lado TC Energy, que opera en cuando menos siete estados del país, fundada en Canadá en 1951, se asentó en nuestro país al finales del siglo pasado y la dirige la canadiense Jennifer Pierce.

La otra es IE Nova, compañía que se dice mexicana y que es filial de la estadunidense Sampra; la preside en su consejo de administración Carlos Ruiz Sacristán, aquel integrante del gabinete de Ernesto Zedillo que durante poco menos de un mes fuera director de Pemex, porque le dieron el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes.

Junto a este personaje se desempeña como directora general Tania Ortiz Mena López Negrete, cuyo primer apellido hace recordar a aquel hombre que de 1958 a 1970 fue secretario de Hacienda y Crédito Público, don Antonio, el mismo que puso en funcionamiento el llamado desarrollo estabilizador y a quien se le endilga el haber metido en esa dependencia a Carlos Salinas de Gortari.

Esas sólo son un par de empresas que podrían haber sido beneficiarias de aquellas compras millonarias de gas, pero que ahora, según se nos ha informado, han llegado a acuerdos importantes con el gobierno de México para enderezar lo que esté chueco en las transacciones.

Lo curioso de todo esto es que, en relación con los recursos que danzaron en torno a los acuerdos, hay total silencio, y esto porque los primeros convenios exigieron reserva en su clausulado, es decir, se trató de ocultar el centro de las operaciones en las que hay cuando menos 27 corporativos enlistados, aunque no conocemos el total de los nombres ni qué pasó con las termoeléctricas que debieron construirse.

La pregunta salta: ¿de qué tamaño serán las operaciones que no se han dado a conocer los montos ni la suerte de aquellas termoeléctricas que hoy no existen y que serían las receptoras del gas que compraron los gobernantes de México?

El avance en las investigaciones y los acuerdos que se han logrado con las compañías deben salir a la luz, pero es esencial que se nos aclare ¿por qué se dijo que la compra de ese gas era para termoeléctricas que construiría –en teoría– el Estado y por qué terminó –así parece– en manos de las empresas?

¿Se trató desde un principio de plan con maña? ¿Qué tienen que ver las empresas en este asunto? ¿El gas que compró el gobierno era para ellas? Por lo pronto hay que echarle luz a este asunto.

De pasadita

Para nadie pueden pasar inadvertidas las menciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Fueron dos, en ambas para diferenciar, muy enfáticamente, muy profundamente a Rodríguez de Genaro García Luna. Ella cumple con su compromiso de trabajo y el funcionario de Calderón está en la cárcel.

Un día antes, López Obrador aseguró que en este gobierno no hay complicidades criminales porque en la policía no tuvieron los otros gobernantes a alguien como Rosa Icela Rodríguez, y cuando el río suena... Aguas.