Ciudad de México. María de Jesús Jaimes Zamudio estudiaba ingeniera petrolera, jugaba básquetbol y soñaba con un México libre de violencia. Fue asesinada en enero de 2016, presuntamente por uno de sus profesores y un compañero de estudios.

Ayer, el Instituto Politécnico Nacional ofreció, como ya había hecho en 2020, una disculpa pública a la familia de Marichuy en el pequeño salón donde cuelgan los retratos de los directores de la institución fundada en el cardenismo.

En la mesa, al lado de Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, y de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estuvo Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, quien agradeció la disculpa, pero no abandonó las palabras duras que la han hecho reconocible en marchas y protestas.

En una manifestación de 2019, Yesenia Zamudio hizo estallar su dolor en las redes sociales: “Y si quemo y rompo, y hago un pinche desmadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡A mí me mataron a mi hija!”

En la mesa con los altos funcionarios, su coraje persistió: “¿Cómo nos van a creer, si el hombre más importante y poderoso, que cuenta con el mayor nivel de popularidad de los presidentes de México no nos cree?”

Y de ahí hacia abajo: “Si el Presidente no nos cree, es evidente que en los trabajos, en las escuelas, universidades, en las calles, no nos crean”.

A pesar de contar con un protocolo para atender denuncias desde 2012, el Politécnico ni siquiera pudo dar seguimiento a la situación de las personas señaladas como presuntas responsables, contra quienes actualmente existen “órdenes de aprehensión y ficha roja”, según dijo Yesenia.

En el documento de seguimiento a la Recomendación 09/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se encuentra un detallado recuento de la negativa inicial de las autoridades a investigar el caso como un homicidio, así como de la cadena de actos negligentes y omisiones de las autoridades.

Ahí se asegura que los avances en el caso se dieron a partir de la propia investigación de la madre y otros familiares. “No se solicitó dentro de las primeras semanas la investigación de las redes sociales de las personas involucradas”; el agente de policía dijo que la madre “le proporcionó nombres y teléfonos”; “la necropsia carece de los requisitos básicos”, son algunos ejemplos de los obstáculos que tuvo que sortear la familia.

El evento solemne fue parte de una serie de medidas que el IPN anunció para avanzar en el combate a la violencia de género. Otras, anunciadas por el abogado general de la institución, Federico Anaya, son el otorgamiento de un título profesional post mortem a la joven que fue arrojada desde un quinto piso en enero de 2016, así como la creación de una cátedra para investigar y debatir la violencia hacia las mujeres. “Apenas está comenzando esta tarea difícil y larga”, dijo el abogado.

Aunque aceptó las disculpas, Yesenia dijo que el evento le pareció “improvisado”. “Hasta ahora no he visto nada de parte del Politécnico”.

El programa anunciaba una intervención de Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, pero el funcionario no habló. La voz oficial correspondió al abogado Anaya, quien agradeció a la familia de Marichuy “si es que se puede agradecer, el dolor que han tenido”.

Sobre la disculpa ofrecida a la familia Jaimes Zamudio aseguró que “es el primer paso indispensable para detener la violencia de género en nuestras instituciones”.

Piedra Ibarra, titular de la CNDH reconoció que los avances en el caso se deben sobre todo a la tenaz lucha de Yesenia Zamudio, quien durante las protestas demandó en varias ocasiones la renuncia de la ombudsperson.