Una de las paradojas más desconcertantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se vivió en 2021, curiosamente en el contexto del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan a manos del ejercito indoespañol que Cortés logró gestionar y dirigir tras su llegada a tierras mesoamericanas. Mientras el gobierno de México mantenía su solicitud para que el rey de España, en nombre del Estado español, pidiera perdón a las comunidades indígenas por las atrocidades cometidas hace 500 años por los conquistadores ibéricos, daba su bendición al ilegal despojo de las aguas del río Yaqui que, desde 2013, experimenta el pueblo yo’eme, cuando comenzó a funcionar el acueducto Independencia. Mas la paradoja no acaba ahí.
De los temas que más se discutieron en los numerosos encuentros académicos, conferencias y presentaciones que se organizaron en razón del pentacentenario, se encuentra el del papel que jugaron los indígenas en la conquista de otros indígenas y en favor del nuevo orden político y social implantado por los españoles en el siglo XVI. Para muchos mexicanos de diferentes generaciones, resultó una sacudida conocer las acciones y peripecias de muchos indígenas conquistadores que, en diversos momentos del periodo virreinal, actuaron como aliados y agentes de la monarquía hispánica para conquistar a otras naciones, e incluso poblar lejanas regiones en nombre del rey y del Dios de los cristianos. Más allá de las interpretaciones que se debatieron por todos los rumbos de la intelectualidad mexicana, incluida la de la 4T, la paradoja radica en que mientras esto acontecía, la tribu yaqui recibía los embates del abogado mixe Adelfo Regino, quien en su carácter de director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llegó a Sonora con la encomienda de lograr que la tribu aceptara el Plan de Justicia a cambio del acueducto Independencia.
Sabedor de lo que ello implicaba (la entrega de aguas del río Yaqui a los intereses inmobiliarios de Hermosillo y el incumplimiento de sentencias firmes que ordenaron la cancelación del acueducto Independencia), Adelfo Regino decidió pertrecharse con los gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis. Al más puro estilo de los mediadores hispánicos de finales del siglo XVI, que aplicaron con los nómadas rebeldes la estrategia de la paz por compra, Regino se ganó con dádivas y promesas la voluntad de gobernadores yaquis e ignoró a otros sectores clave de su organización tradicional, principalmente a la tropa yo’eme y a la Santa Iglesia de Potam. Pensó que con ellos era suficiente para aprobar el Plan de Justicia, el cual incluyó la creación de un distrito de riego propio, el 018, y la ampliación de la superficie cultivable para los yaquis. Con ello, las semillas de la división quedaron bien sembradas y no tardarían en germinar.
Tras organizar el INPI dos simulaciones de consulta indígena, el decreto de creación del nuevo distrito de riego para los yaquis quedó listo el pasado 28 de septiembre. Ese día, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, durante la petición de perdón a la tribu yaqui por parte del Estado mexicano, pidió a Andrés Manuel López Obrador hacer justicia y cancelar el acueducto Independencia. Se trataba del respeto a los decretos que Lázaro Cárdenas promulgó en 1937 y 1940, por los cuales se le dotó a la tribu yaqui de 50 por ciento de las aguas de la cuenca del río Yaqui que se almacenan en la presa La Angostura. Pero sobre todo, se trataba de cumplir con las sentencias que le daban la razón a los yo’emes en su defensa del agua y de su río. “Cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión, además es el agua para Hermosillo y se requiere”, respondió el Presidente.
Ante esa postura, la tropa yo’eme y las autoridades de la Santa Iglesia de Potam interpusieron dos demandas de amparo con el fin de pedir la revisión del decreto presidencial para resarcir los defectos en el procedimiento, sobre todo la consulta. Ello forzó el retorno presuroso de Regino a territorio yo’eme el pasado diciembre. Ante los gobernadores tradicionales, el director del INPI calificó a los yaquis promotores de los dos amparos como conservadores (sic), impulsando con ello una confrontación interna de desenlace impredecible. Por su parte, los yaquis inconformes han señalado estar de acuerdo con el nuevo distrito de riego y con todas las propuestas de justicia que les han planteado, sin embargo, no aceptan el despojo disfrazado de las aguas del río Yaqui que el decreto normaliza, al señalar que el volumen anual para los yaquis dependerá “de la disponibilidad hídrica en la cuenca”, misma que ahora está subordinada a las necesidades de trasvase de agua de la ciudad de Hermosillo. La torpe actuación de Adelfo Regino a lo largo del proceso del Plan de Justicia, así como la formalización de la imposición del ilegal acueducto Independencia, amenazan con provocar un episodio más de violencia. El tiempo apremia.
