La ejecución de la periodista Lourdes Maldonado en el estacionamiento de su casa en Tijuana, a una semana de que también a la puerta de su domicilio en esa ciudad fronteriza fuera asesinado el fotorreportero Margarito Martínez, y a casi 10 días de la muerte violenta de José Luis Gamboa Arenas en el puerto de Veracruz, condensó la indignación de integrantes de ese gremio que hoy realizarán manifestaciones de protesta en varios lugares del país, incluyendo la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.

El caso de Maldonado tiene implicaciones políticas inocultables, aunque no necesariamente sean indicativas de actos de índole penal. Una empresa de medios, propiedad de Jaime Bonilla Valdez, despidió de manera injustificada a Lourdes Maldonado, una reportera y conductora de programas en radio y televisión que durante seis años había laborado en esa firma.

Según ella misma relató en una entrevista de radio, el comportamiento de Bonilla y sus abogados fue de desdén, primero, y luego de abuso de poder, sobre todo cuando el empresario llegó a gobernador de la entidad federativa, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, ante quien, ya éste en Palacio Nacional, la comunicadora denunció las maniobras legales en su contra y su fundado temor por su vida, en marzo de 2019.

Ya con un laudo a su favor, Maldonado y su representante jurídico tendrían acceso a libros contables de la empresa televisiva de Bonilla. Sin embargo, contados días se mantuvo esa expectativa, pues un disparo en la cabeza terminó con la vida de la periodista. Respecto al asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, las autoridades han planteado que habría sido un pleito entre vecinos por un terreno.

La irritación generada por estos casos tiene como contexto general la impunidad de quienes cometen estos delitos contra periodistas, desde ámbitos gubernamentales o delictivos (que con frecuencia acaban siendo lo mismo) y el incumplimiento crónico de los “mecanismos” de protección que los gobiernos federal y estatales establecen en algunos casos.

A nivel federal, y más allá de las buenas intenciones del subsecretario del ramo en Gobernación, Alejandro Encinas, tal “mecanismo” carece de recursos y efectividad. Tanto que, a pesar de estar en curso una serie de audiencias sobre el tema en esa secretaría, ínfimo interés ha suscitado en el gremio periodístico.

Además de los problemas presupuestales de Gobernación, como parte de los recortes generalizados, existe en el gremio una fundada desconfianza en los mismos “protectores”, agentes que con frecuencia están en contubernio con los persecutores de periodistas, incluso en términos graves como la contratación de empresas relacionadas con Genaro García Luna para que “cuiden” a periodistas en riesgo.

Lo que sucede con los periodistas no está desligado de lo que ocurre en general en la población. El predominio de grupos delictivos, el entreveramiento de intereses de cárteles y delincuentes con políticos y funcionarios (no sólo del ámbito policiaco) y el altísimo grado de desconfianza e impunidad en cuanto a denuncia de hechos, como en procesamientos judiciales y sentencias condenatorias, crean condiciones sumamente adversas para la convivencia social y la esperanza en la justicia y el estado de derecho.

Astillas

Visos de asonada contra el coordinador de los senadores de Morena y, en tal condición, virtual jefe político del Senado, Ricardo Monreal: 29 de 61 de sus compañeros promueven una reunión, este viernes, para desconocer la comisión especial anunciada por el zacatecano en relación con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. La lucha por 2024 va fuerte… Y, mientras el ministro Pardo Rebolledo propone a la Corte que se elimine el “sesgo” de ratificación en la pregunta del ejercicio de revocación de mandato, ¡hasta mañana, con Carlos Romero Deschamps seguramente con bolsa de palomitas viendo la función sindical que, de favorecer a Ricardo Aldana, le podría mantener vigente!

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