Sin duda aquello de que las malas costumbres cunden, no se hizo para el INE, pero le queda como anillo al dedo, y esto porque en cada uno de los organismos electorales del país se replican los métodos de gasto y administración ejercidos por la institución central.
En ese sentido, el Instituto Electoral de la CDMX no se queda atrás, por el contrario, en una de esas hasta rebasa al nacional. Recordemos, por ejemplo, que al final del año ya no había dinero para ministrar las prerrogativas de los partidos. El administrativo se lo había comido.
Ahora el mismo IECM dice que no tiene dinero para la consulta en la que se establece el presupuesto participativo, y le pide al gobierno central que le otorgue 200 millones de pesos para que cumpla con la instalación del cien por ciento de las casillas que se requieren para el ejercicio.
El panorama es muy sencillo: el ciudadano siempre sale amolado. Los partidos políticos, todos, o casi todos, han interpuesto denuncias en contra del organismo por el asunto de las prerrogativas, pero como si todo esto fuera pecata minuta, ni los consejeros anteriores o los nuevos se preocupan, porque ninguna de sus prácticas ha sido impactada, es decir, siguen tan campantes.
Este es el momento de iniciar una buena investigación de lo que hacen estos organismos electorales, más allá del conteo y la vigilancia de las elecciones, y hasta dónde se extienden sus quehaceres.
Y es que, según se nos ha dicho, el INE y sus organismos locales han tejido acuerdos con una multitud de organizaciones no gubernamentales que operan con los dineros que se le suministran a la institución, cosa que de ninguna manera debería hacerse, sobre todo si los recursos provienen del dinero de la gente.
Parece natural que después de vivir las atrocidades que se cometían en los gobiernos del PRI y del PAN, con y sin INE, entre la población exista un trauma que habla de la desconfianza en las acciones electorales, lo que derivó en la creación del entonces IFE, hoy INE, pero no hay duda de que quienes han estado al frente del organismo han abusado al grado de pretender chantajear a los gobiernos para obtener más y más dinero.
Así las cosas, son los gobiernos federal y locales los que deberán iniciar, como decíamos, una investigación para saber y transparentar el destino de los recursos de esas instituciones. Eso urge.
De pasadita
Así que quienes están al frente del Registro Civil se molestaron con la información dada a conocer por la reportera Elba Mónica Bravo, en la que se hablaba de la cantidad de coyotes que pululan por fuera de la institución, y han prometido, no obstante, acabar con el problema.
Pero el asunto está dentro del mismo Registro. Las actas de nacimiento, por ejemplo, salen con nombres equivocados, con la nacionalidad de los padres cambiada o con otro tipo de errores que obligan a la gente a caer en manos del coyotaje.
No se trata de que desde otras ciudades se manden datos equivocados, lo que hemos dicho sucede en esta ciudad, con gente de esta ciudad, sin que hubieran intervenido otras dependencias.
Qué bueno que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, meta orden allí, porque la gente que se ve defraudada o esquilmada debido a las fallas del Registro y es atrapada por los coyotes, no diferencia entre la mala labor de los directivos del Registro y el gobierno central, al que, al final, culpan de las malas prácticas y la corrupción. Ya era hora de pegar un manotazo sobre la mesa para impedir que las cosas empeoren en el mismo Registro. Que así sea.
