Es el único consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) que de forma voluntaria determinó reducir sus percepciones para contar con un salario por debajo del que devenga el Presidente, como manda la Constitución. Pese a ello, Martín Faz sostiene que es imposible que, a 70 días de que se realice la consulta de revocación de mandato, el organismo tenga que hacer los ajustes en el gasto que le permitan financiarlo y aún más: considera que la propuesta gubernamental de austeridad tiene muy poco soporte técnico.
En entrevista sobre la forma en que el INE deberá encarar esta etapa para realizar la revocación de mandato, Faz asume que la situación salarial de los altos mandos en el organismo favorece una continua descalificación, pero tiene claro que aunque se ajustaran estas percepciones a la disposición constitucional no se reunirían los recursos necesarios para organizar este ejercicio en los términos que dispone la legislación en la materia.
Aun cuando está por recibirse la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene muchas expectativas, por las señales que se han conocido. Faz considera que en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra la clave para efectuar el ejercicio con las condiciones presupuestales que enfrenta el INE, pues los magistrados plantearon los pasos que debería seguir el instituto y, después de ello, organizarlo con los recursos que tenga.
Faz asegura que la razón por la cual el INE incrementó su costo son las crecientes responsabilidades que se le han asignado a la autoridad electoral: fiscalización, monitoreo de espots, consultas, entre otras nuevas atribuciones.
Por ello, subraya, no es posible en un corto tiempo determinar la reducción del costo del aparato, pues esto debe realizarse en un entorno más sereno, al discutirse la reforma electoral en el segundo semestre del año.
Para el consejero, las descalificaciones que se han generado en contra de los niveles salariales en el INE se desprenden de la indefinición que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma en torno a los salarios, a partir de la reducción a la percepción del Presidente. Se asume convencido de que ningún funcionario puede ganar más que el mandatario, pero afirma que la decisión en su momento generó distorsiones en toda la estructura salarial.
Más allá de estas definiciones, el INE debe entrar en una revisión de la administración de sus recursos, pero, advierte, no bajo la presión de los tiempos en función de la revocación de mandato. En su caso, más allá de las derivaciones de una eventual reforma electoral, el análisis de la asignación presupuestal debería llevarse a cabo de cara a la elaboración del presupuesto institucional para 2023.
En cuanto a la consulta, Faz señala que la próxima semana serán tiempos de definiciones: el plazo para obtener una respuesta de la SHCP sobre la solicitud de ampliación presupuestal vence el 31 de enero. A partir de entonces, el INE definirá el alcance de las casillas a instalar, sobre la base de que el TEPJF abrió la puerta a hacerlo en función de la suficiencia presupuestal con la que se cuente, lo que allana el camino, dijo, de que no sea con las 161 mil casillas de la elección federal.
