Chilpancingo, Gro., Autoridades del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron que persiste el saqueo de madera en la región y culparon a Omar Magallanes Telumbre, encargado de despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a Víctor Manuel García Guerra, subdelegado jurídico de la dependencia, de estar coludidos con los grupos delincuenciales.
Por separado, pobladores de la localidad de El Carrizal, también en Coyuca de Catalán, pidieron nuevamente la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar con la tala clandestina en su comunidad, en los puntos conocidos como La Campana, El Cristal, La Lagunita, El Cerro del Chivo y Salsipuedes.
En un comunicado, los ejidatarios de Guajes de Ayala recordaron que desde hace dos años persiste el saqueo, que denunciaron ante la Profepa el 31 de marzo de 2020, pero ésta “minimizó los hechos”.
“Los recursos naturales de Guajes de Ayala fueron saqueados con y sin documentos expedidos por la Profepa, en contubernio con quienes se los llevan”, afirmaron.
Acusaron que García Guerra no se ha interesado en resolver el problema que afecta a este núcleo agrario, constituido conforme a la ley agraria.
Reprocharon que la Profepa ni siquiera ha contabilizado los daños y la responsabilizaron, al igual que a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “por su evidente actitud incompetente, favoreciendo a quienes han saqueado los recursos naturales de Guajes de Ayala durante años”.
Los funcionarios “favorecen el robo de recursos naturales en toda la sierra de Guerrero a cambio de moches partidarios y económicos”, concluyeron.
Denuncias no atendidas desde 2016
En entrevista en el puerto de Acapulco, habitantes de la comunidad de El Carrizal, también en Coyuca de Catalán, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, advirtieron que desde 2016 la madera es explotada de forma ilegal y autoridades federales no han intervenido para detener la deforestación.
Calcularon que de ese año a la fecha han sido talados de forma ilegal 40 mil metros cúbicos de madera, que podrían equivaler a unos 28 millones de pesos. Explicaron que la madera es vendida en Vallecitos de Zaragoza y otros puntos de Petatlán.
Las especies afectadas por la tala ilegal son pino, oyamel y ayacahuite, lo que también perjudica los mantos acuíferos de la zona, además de ser un factor que favorece los incendios. Uno de los pobladores advirtió: “Están agarrando parejo, sin respetar las normas ambientales”.
Recordaron que existen denuncias por tala ilegal ante la Fiscalía General de la República y la Profepa desde 2016, y el año pasado denunciaron estos actos ilícitos ante diferentes instancias de gobierno que los remitieron a la Profepa, que “es omisa”, al igual que la Semarnat.
“Al menos seis familias han abandonado el poblado para no meterse en problemas, pues ha habido amenazas”, afirmaron. Asimismo, pidieron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
