León. El gobierno de León ha despedido a 199 policías, algunos acusados de tener vínculos criminales, y a 30 elementos que reprobaron los exámenes de control de confianza en la pasada administración (2018-2021) y que no fueron cesados por el ex alcalde, Héctor López Santillana y el por el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona.

El ex presidente municipal –ahora director del Puerto Interior- y el secretario de Seguridad, que fue ratificado en el cargo en esta administración (2021-2024) violaron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por no despedir a 30 policías que reprobaron las pruebas de control de confianza.

El artículo 88 de la Ley Nacional de Seguridad estipula que para que un policía pueda desempeñar el cargo debe aprobar las pruebas de control de confianza y tener actualizado el Certificado Único Policial.

El artículo 53-1 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato marca que es el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado el encargado de emitir el Certificado Único Policial a los integrantes de las instituciones policiales que aprueben el examen.

“Efectivamente van 229 de seguridad, incluidos los que traían pruebas de control de confianza reprobados, porque no podemos permitir que sigan trabajando en la administración en esta situación, es una obligación de ley”, confirmó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, cuestionada por La Jornada.

—¿Hay responsabilidad del ex alcalde por no despedir a los policías reprobados?

—Yo tengo que hacer lo que me toca, será cuestión de revisar en que fecha se dieron los resultados. Lo que si les puedo decir es que esta administración está actuando como se requiere aún con los riesgos que esto conlleva.

La presidenta municipal reveló que están integrando expedientes contra los policías que presuntamente tenían vínculos criminales.

“Se están armando en algunos casos, no es sencillo, se tienen que armar las investigaciones se esta trabajando con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad”, recalcó.

Cabe mencionar que antes de ser despedidos había cuatro policías que habían sido denunciados ante el Ministerio Público por estar coludidos con criminales, según una fuente de la Secretaría.

“Aquí no hay miramientos, a mi lo que me interesa es tener a la mejor corporación”, resaltó Gutiérrez Campos.

Cabe mencionar que el secretario de Seguridad, Mario Bravo, se niega atender a los medios de comunicación argumentando que lo “regañan” si declara. A demás dejó de proporcionar los partes de novedades.

Sobre este asunto la presidenta prometió que revisará el tema.

Última propuesta a trabajadores

Por otra parte, el gobierno municipal de Guanajuato y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) hicieron una “última” propuesta de indemnización y de medidas de reparación del daño a tres de las cinco familias de los trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Las familias sostuvieron una reunión con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos; y con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, donde se hizo una proposición para finalizar el asunto en el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato.

La presidenta municipal conoce los detalles de las negociaciones realizadas desde diciembre con SAPAL y “ella nos convocó a la reunión, se nos ha propuesto cerrar con el procediendo, el jueves, en Justicia Alternativa”, comentó Gustavo Lozano Guerrero, abogado y vocero de las familias.

Las familias, el gobierno y SAPAL acordaron no revelar el monto de las indemnizaciones propuestas por cuestiones de seguridad, explicó.

A demás de la indemnización, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) recomendó a SAPAL realizar una reparación integral daño, “que no pasa solo por lo económico porque incluye otras medidas”, refirió.

Las familias analizarán la “última propuesta” realizada por las autoridades y si son aceptadas, el jueves se firmará un convenio – que tiene valor de asunto juzgado- en Justicia Administrativa, adelantó Lozano Guerrero.

Agregó que si firman el convenio los juicios civiles y administrativos serán retirados, pero la investigación en el Ministerio Público seguirá su curso.

La Prodheg comprobó que hubo violaciones graves a los derechos humanos laborales que derivaron en la muerte -el 13 de noviembre del 2020- de los trabajadores Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.

Los trabajadores fallecieron intoxicados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el SAPAL se negaba a indemnizarlos hasta que intervino la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, a partir de que tomó protesta el 10 de octubre del 2021.

En la reunión estuvieron familiares de Víctor Briseño, de Salvador Afanador y Alberto Silva. Al parecer los parientes de Omar Martínez y Antonio Méndez ya concretaron un acuerdo con el sistema de agua.