Ciudad de México. Vecinos de los Comités Polanco Chapultepec y Polanco Reforma solicitaron a la Secretaría de la Contraloría General se inhabilite a la empresa “Secure Witness de México, S de R. L. de C.V. por el sobreprecio que ha puesto a los equipos de videovigilancia, sistema que no debe ser adquirido a través del Presupuesto Participativo 2022, señaló Mayte de las Rivas.

La presidenta de la agrupación vecinal “La Voz de Polanco” informó que los integrantes de dichos comités pidieron asimismo se haga del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Agencia Digital de Innovación Pública que particulares están siendo contratados para establecer centros de monitoreo “alternos”.

De esta manera, contarían con información a su disposición con las consecuencias que ello conlleva en términos de seguridad, por lo que es necesario que la SSC otorgue un aval para su instalación, emitiendo previamente las condiciones necesarias para ello y tenga conocimiento el Instituto Electoral de la Ciudad de México y las Alcaldías.

“La Voz de Polanco” alertó que la empresa que está promocionando la “adquisición e instalación de cámaras de vigilancia y monitoreo”, -incluso con la complacencia de algunos funcionarios y Autoridades-, enfrenta diversos procesos formales por parte de los Comités Polanco Chapultepec y Polanco Reforma.

“Instalar más cámaras de videovigilancia en las colonias siempre resulta muy atractivo para todos los vecinos; sin embargo la única empresa que sospechosamente gana las licitaciones, no especifica que los equipos son hechizos, tienen un marcado sobreprecio, utilizan tecnología obsoleta y lo más grave, que no son compatibles con el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX).

“Así que la información que recaban estos equipos, queda en manos de un particular la cual podrá utilizar para sus propios fines, labor de vigilancia que debe ser reservada de manera exclusiva a los organismos del Estado, con la peligrosidad que conlleva hacerlo de otra forma”, advirtió de las Rivas.

Consideró que, esta alerta vecinal es fundamental para ejercer óptimamente los recursos del Presupuesto Participativo, “por eso una vez que las Autoridades hagan sus investigaciones, se deben presentar las denuncias penales a que haya lugar, por probables hechos constitutivos de delitos en perjuicio del erario, porque dicho presupuesto es dinero público”.