Ciudad de México. La Arquidiócesis Primada de México señaló que no está de acuerdo con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según el cual cuatro ministros de culto católicos “transgredieron los principios de separación Iglesia-Estado", entre ellos el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, y el sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, ex rector de la Universidad Pontificia de México.

A través de la editorial de su semanario Desde La Fe, la Iglesia católica dijo que es "respetuosa" de las disposiciones del poder civil, pues éste existe con la finalidad de conservar el orden y procurar el bien común; sin embargo, "en esta ocasión, no se está de acuerdo con los criterios que manifiesta en su sentencia el TEPJ".

Y es que, apuntó, los ministros juzgados se expresaron desde su ámbito personal, inclusive, uno de ellos, en el ámbito de la libertad de cátedra. "Señalaron puntos de mejora social a tener en cuenta a la hora de que los fieles decidieran su voto, en total ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio ciudadano al que tienen derecho" .

Mencionó que además es labor de la Iglesia llevar el Evangelio a todas las personas, "la Buena Nueva que nos exhorta a dejar en el pasado aquellos actos y costumbres que nos dañan tanto personal como socialmente, y en esa misión sagrada, se exhorta a todos a cambiar de vida para bien, también a todo gobernante y político, sin hacer diferencia por colores partidistas".

Es por ello que, reiteró, teniendo en cuenta que los ministros de culto de esta Iglesia "han sido respetuosos" de los mandatos de ley, y que la Constitución Mexicana protege la libertad de expresión y la libertad de fe a través de los artículos 6 y 24, respectivamente, "confiamos en que la Secretaría de Gobernación evaluará con justicia y legalidad el caso para determinar lo correspondiente.

"Sabemos también que estos diferendos ocasionales pueden ayudar a seguir construyendo en nuestro México una laicidad positiva, en la que el Estado acepte y promueva la libertad de culto, y la Iglesia pueda llevar a cabo la gran misión de acercar a Dios a todas las personas que abren su corazón para recibirlo".

Al respecto, la Iglesia católica citó el prefecto para la Doctrina y la Fe, del cardenal Joseph Ratzinger, quien en una nota aprobada por Su Santidad Juan Pablo II el 24 de noviembre de 2002, decía: “con su intervención en este ámbito, el Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio -en cumplimiento de su deber- instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países.”