Estamos experimentando una espiral mundial de eventos naturales y políticos que nos demuestran la fragilidad de nuestra subsistencia: tsunamis, incendios forestales, pandemias, guerras inaceptables, migración humana multitudinaria y temporadas de climas extremos. Algunos de estos fenómenos, han ocasionado apagones en diversas regiones, por lo que nos queda claro que todos dependemos en alto grado de la energía eléctrica.

Aunque existía una deficiencia en la cobertura, la industria eléctrica manejada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cubrían un gran porcentaje de la demanda de energía en territorio nacional.

En pocos años la población urbana aumentó, entre otros factores, por la migración de la población rural y semirrural que salió de sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida. La demanda del servicio se multiplicó y la CFE enfrentó problemas en la calidad del servicio. Sin embargo, la planificación detallada para privatizar a una de las mejores empresas paraestatales de la nación no se justifica, entre otras razones por diversos ilícitos y por la desviación de recursos que es una forma oculta de robar o saquear un bien público.

El presidente Carlos Salinas de Gortari y sus seguidores han perseguido el desahucio de ésta y otras empresas estatales a como dé lugar. La reforma energética neoliberal debe detenerse. De otra forma, la recuperación de la soberanía energética tardará más tiempo y nos perjudicará a todos como país.

Además de que es importante la recuperación de nuestro patrimonio para bien de la nación, la posibilidad de mejorar la industria eléctrica ampliará la posibilidad de ofrecer el servicio en las poblaciones faltantes.

La gran fuente de ganancias que significó en años anteriores y que aún representa el sector, ha convertido a la industria eléctrica nacional, en blanco para privatizarla, desaparecerla y adueñarse de una parte de la enorme fuente inagotable de ganancias que representa. ¿Cuánto le pagaron a Salinas de Gortari por la privatización? Y ¿cuánto repartirá y a quiénes?

La insistencia en que la competencia entre diversas empresas garantiza el abasto y la calidad es un argumento tan falso que no lo creen ni los propios dueños y defensores de la extranjerización de la industria eléctrica. Y, así como éste, cada falso argumento, caerá por su incongruencia. Como el hecho de que el Estado no debe “acaparar” los recursos porque, financieramente es un riesgo para la economía nacional.

La idea de dar mantenimiento a las instalaciones productoras de electricidad no está entre las prioridades de las privatizadoras. Y el concepto de beneficio a la población, como prioridad, tampoco está en el vocabulario de los empresarios privados.

Pese a los ataques de neoliberales antipatriotas, en el programa actual de energía de la CFE, se procura subsanar las carencias en materia eléctrica para la mayor cantidad posible de poblaciones distantes o rezagadas, así lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de mencionar que se utilizarán todas las fuentes posibles de energía limpia.

Ejemplo de ello es el mantenimiento al conjunto de hidroeléctricas con las que contamos, éste será un gran rescate. Asimismo, se instalará un parque fotovoltaico en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora y en otras entidades del país, y, más adelante, se construirá una central nuclear, proyectada en la península de Baja California. Con estos proyectos, se espera cubrir las demandas a escala nacional.

Por otro lado, también se desarrollarán las fuentes naturales existentes: energía geotérmica, eólica y marina, entre otras. Con estas propuestas, el propósito es que las tarifas sean más accesibles para toda la población.

En el caso de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, no tienen una proyección certera, ni son prioridad el abastecimiento en tiempo y forma, ni la calidad de las fuentes de energía y los bajos precios subsecuentes. Aunque aseguran proporcionar todo tipo de “ventajas” para su clientela. Porque eso son, clientela, y no socios, refiriéndonos al supuesto autoabasto, programa que sólo busca evitar el pago de impuestos; concepto que también ha explicado Manuel Bartlett, director de la CFE, pero que los privados no han querido aceptar.

Por lo menos 5 millones de habitantes en todo el país siguen en espera de contar con la energía eléctrica suficiente. Han padecido por sexenios enteros la falta de electricidad y recordemos que contar con este recurso vital es también un derecho.

La CFE y la, ilegalmente, desa-parecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, cumplían con sus tareas, entre otras razones, por la viabilidad de sus programas de trabajo y porque al frente estuvo y está, uno de los sindicatos más importantes en México, con sus problemas y sus deficiencias.

Pero, en este momento, cuando los detractores de la reforma constitucional para decretar la Ley Eléctrica, se unen en contra de la CFE, es claro que estamos frente a un ataque de una mafia internacional. Esperemos que la propuesta de modificación constitucional en esta materia se imponga, se cumpla con la nueva ley y detengamos el saqueo.

Twitter: @Antonio.Gershenson