El juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó sobreseer (suspender) el juicio solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 17 funcionarios del sistema penitenciario federal, al establecer que sólo tres de ellos habían incurrido en actos ilícitos, pero los delitos habían prescrito, y que el resto de los inculpados no cometieron actos ilegales.
Tras seis días de la audiencia inicial que se llevó a cabo por videoconferencia, el juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México desestimó las acusaciones de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, formuladas por la FGR, en contra de quienes firmaron los contratos para la construcción y administración de ocho penales federales y signaron convenios de supervisión y otras acciones relacionadas con los centros federales que fueron construidos con recursos privados y autorización de Genaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón.
La resolución judicial fue dada a conocer por funcionarios del Poder Judicial de la Federación y confirmada por defensores de los inculpados. En los próximos días la FGR podrá apelar la resolución.
En enero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina una maquinación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en 2010, al entregar en adjudicación directa ocho contratos a la iniciativa privada para igual número de reclusorios con un costo total de 266 mil 300 millones de pesos, y que una vez finalizado el trato, las instalaciones continuarían perteneciendo a los empresarios.
En ese negocio están relacionados dos cuñados del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Tres meses después de la revelación, las empresas involucradas aceptaron una reducción de 15 por ciento en el costo de ocho penales federales.
Durante los alegatos, los defensores de 14 de los acusados lograron echar por tierra los señalamientos del Ministerio Público Federal (MPF), que pretendió que el juez diera por válido que todos los servidores públicos habían actuado de manera orquestada desde 2010, lo que los representantes de la FGR habían denominado como cuestiones de novación, es decir, que habían aceptado modificar a través de convenios los acuerdos de construcción y pago.
El MPF imputó a los ex funcionarios por presuntamente causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a 270 mil millones de pesos, al considerar que tenían responsabilidad penal en esos acuerdos.
Se trata de las licitaciones para la construcción y administración por empresas privadas de los reclusorios federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, por los que, según la FGR, se pagaron sobreprecios.
En la carpeta de investigación, el MPF considera que los imputados, con sus acciones y omisiones, habrían causado daño al erario.
En marzo pasado se libró una orden de aprehensión contra Genaro García Luna por la firma de esos contratos.
