La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso de Digna Ochoa “nos da la razón sobre lo que hemos afirmado durante más de 20 años de lucha e insistencia”, algo que “nosotros jamás titubeamos: en que mi hermana había sido asesinada”, aseveró Jesús Ochoa. En representación de su familia, manifestó que tienen confianza en el gobierno federal para reabrir el caso y castigar a los responsables.

Compartió que esta lucha ha sido “una travesía totalmente desigual y desgastante” al enfrentarse “a algunos cuestionamientos de la propia autoridad e incluso de algunas organizaciones sociales. Luchar contra el Estado o los impartidores de justicia no es fácil. Hay que tener mucho valor, mucha confianza en sí mismo y de lo que buscábamos en aquel entonces, que siempre fue justicia, y creo que hoy se viene o está por darse”.

“Van a cargar con la vergüenza y la culpa en su conciencia, si es que tienen, Bernardo Bátiz Vázquez (entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) y Renato Sales Heredia (subprocurador). Ya que ellos nos denostaron tanto a la familia y a la propia víctima”, manifestó.

Jesús Ochoa relató que en este andar han sufrido “en cuestiones económicas, ya que viajábamos continuamente de Misantla, Veracruz, a Ciudad de México, pero eso no fue impedimento para dar seguimiento puntual al caso”.

En conferencia de prensa, organizaciones representantes de la familia, calificaron la sentencia de la Coridh como “histórica, con importantes repercusiones para México y la región latinoamericana, que reconoce que el Estado mexicano violentó el derecho a la vida, la dignidad y la honra de Digna Ochoa”.

El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional recordaron que la Corte concluyó que la determinación ministerial de que la defensora falleció el 19 de octubre de 2001 como consecuencia de un supuesto “suicidio simulado” no estuvo sustentada en la valoración objetiva de pruebas recolectadas, sino que fue “difícilmente compatible con la sucesión de hechos que constan probados y, en específico, con las circunstancias y forma en la que habría tenido lugar dicha muerte”.

Karla Michelle Salas, del Grupo de Acción, resaltó que a través de la sentencia “queda evidenciado que no sólo se cometió una injusticia contra Digna Ochoa y su familia, sino que también durante muchos años el Estado mexicano fabricó una verdad, utilizaron el aparato de justicia para desprestigiar la labor de la defensora”.

David Peña, también de dicha organización, mencionó que ya se tiene agendada una reunión con personal de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación para avanzar en el cumplimiento de la sentencia. Confió en que este proceso sea mucho más ágil y consideró que para ello se necesita no sólo voluntad, sino “la intencionalidad de llegar a la verdad”.