Han pasado tres años desde que en 2018 asistimos al cambio del gobierno federal y al reacomodo del Poder Legislativo y de algunas gubernaturas en México. En ese momento Morena se reposicionaba a todas luces con mayorías y altos índices de aceptación entre la población, y el nuevo gobierno reconocía explícitamente desde sus inicios la severa crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Sin tapujos, parecía coincidir con el diagnóstico que en el pasado sexenio, por lo menos, organizaciones y grupos civiles dedicados a la defensa de los derechos humanos visibilizamos, denunciamos y presentamos ante el escrutinio de la sociedad y en el ámbito internacional, sobre la situación de los derechos humanos en el país. Recordemos aquel lapidario informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando, como producto de su visita en 2015, constató en el terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México.
A tres años de este cambio de gobierno, por desgracia, debemos coincidir en que esta grave crisis continúa, se mantiene, y en que los factores que agudizan esta situación no se modifican. Las instituciones del Estado siguen enfrentando dificultades, obstáculos y retos para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos como lo establece nuestra Constitución. Nuestro panorama como nación es aún complejo, y parece que lo seguirá siendo en los próximos años. Este es un principio de realidad que nos sirve para actuar de forma más efectiva, no sólo como autoridades, sino también como sociedad. Sin embargo, sería injusto no reconocer, por ejemplo, los esfuerzos que se han impulsado desde las instancias del gobierno federal dedicadas especialmente a los derechos humanos.
La Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa es clave que siga firme para desde allí lograr identificar aspectos estructurales que deben corregirse y revertir las incalculables e incesantes desapariciones de seres queridos que enfrentan miles de familias en el país. Hay que apuntar también los buenos resultados relacionados con la localización o identificación de personas desaparecidas. Así como la recién creada Comisión para el Esclarecimiento Histórico entre 1965 y 1990, de la cual esperamos conocer a fondo qué pasó en el periodo llamado guerra sucia, y sobre las formas represivas que subsisten en instituciones del Estado y entre otros actores perpetradores.
Sobresalen los esfuerzos para atender a las víctimas, aunque en este rubro es urgente que toda reforma al marco legal, relacionado con sus derechos, cuente siempre con mecanismos de participación efectiva. Evitemos que se improvisen acciones que en poco o nada logran garantizar los derechos humanos, y resarcir los daños sufridos por quienes padecen la violencia. Es menester señalar la importancia de los esfuerzos por revertir la violencia hacia las mujeres. Tal es el caso del seguimiento y trabajo coordinado con algunas de las entidades de la República para cumplir con las Alertas de Violencia de Género, por mencionar algunas de las estrategias emprendidas.
Además, cobra importancia el diálogo y la intención de transformar de forma positiva los conflictos en los diversos territorios donde habitan comunidades indígenas y campesinas, para lograr un ejercicio pleno de derechos. Así como los diagnósticos y propuestas ante una problemática como la del desplazamiento forzado.
Acerca de lo anterior, y de algunos otros asuntos, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó detalladamente a finales de 2021. En esa ocasión señaló sus prioridades para 2022, y, por qué no, para lo que resta de la administración, ya que, para remediar una crisis de derechos humanos tan profunda, parece que no alcanza un sexenio. Reconociendo este arduo y comprometido trabajo, aún por consolidar, es urgente recordar algunos aspectos en la agenda de derechos humanos.
Tal como se estableció en la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, nuestra aspiración como país es que estos derechos estén presentes en todo el quehacer del Estado. Es decir, contar con una política de Estado en materia de derechos humanos que sortée las limitaciones de una agenda atomizada y poco estratégica. Requerimos seguir impulsando, por parte de todas las instituciones del Estado, el pleno cumplimiento de las obligaciones y principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que tienen los derechos humanos.
Por ello es muy conveniente seguir construyendo nuevas relaciones entre actores gubernamentales y sociales a favor de los derechos humanos, basadas en un diálogo honesto y sincero, en el amplio consenso y, sobre todo, la centralidad de las víctimas y los grupos afectados, sin dejar de lado la necesaria tarea de reconocer e impulsar las labores de las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos.
