Con pinzas de cirujano hay que tomar la declaración de la secretaria estadunidense de Energía, Jennifer Granholm, de que su gobierno “será un gran aliado de México en el área energética”; de igual forma, aquella de que en el encuentro con la representante de la Casa Blanca “prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo”, de tal suerte que la citada herramienta es más que necesaria porque, como dice el clásico y lo confirma la historia, el vecino del norte no tiene aliados, sólo intereses.

A lo largo de los años, “grandes aliados energéticos” de Estados Unidos (mediante golpes de Estado, invasiones, bloqueos y demás muestras de “entendimiento” y “buena voluntad”) han sido muchos países petroleros, o no, doblegados por la tradicional política de la Casa Blanca. Ahora, salivando, la funcionaria estadunidense dice que “México tiene una envidiable y asombrosa serie de recursos limpios de los que queremos hablar”.

Pero la secretaria Granholm más tardó en mostrar una sonrisa “amable” que, una vez concluido su encuentro en Palacio Nacional, en enseñar los colmillos: “en cada reunión expresamos las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris con respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadunidense en México. La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima. Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte. Me aseguraron que México está comprometido con apoyar la energía limpia y resolver las disputas actuales con proyectos energéticos dentro del estado de derecho”.

La declaración de la funcionaria estadunidense se registró ayer, horas después de su encuentro, el jueves, con el presidente López Obrador, en el que (versión oficial) todo fue miel sobre hojuelas. Sin embargo, la señora Granholm no perdió la oportunidad para repetir las siempre incumplidas promesas de “bienestar” y “desarrollo” para México si su gobierno mete las manos en la abundante riqueza nacional.

Dijo la funcionaria que “México ha sido bendecido con una gran cantidad de energía renovable potencial que, si se realiza por completo, podría impulsar a su propio país al menos 10 veces más, crear millones de empleos bien remunerados y desarrollar una industria de exportación extraordinaria orientada a un mundo que necesita energía limpia. Las relaciones colaborativas y con visión de futuro son lo que América del Norte necesita para mantener su ventaja competitiva en todo el mundo, y la administración Biden-Harris espera trabajar con México para garantizar que ambos tengamos éxito en la creación de un camino de respeto mutuo hacia nuestros objetivos energéticos compartidos. Estados Unidos valora su relación con México, que durante décadas ha brindado un gran beneficio mutuo. México es nuestro segundo socio comercial más grande y las empresas estadounidenses son los principales inversionistas de México. Tenemos un interés fundamental en que México y su gente triunfen”.

Cierto: desde hace muchos años la inversión estadunidense ha estado presente en toda la actividad económica de nuestro país, pero los mexicanos se mantienen en espera de que esos dineros “impulsen el crecimiento” y generen “millones de empleos bien remunerados” (aquí, esos capitales pagan salarios 10 veces menores que en su país de origen, por la misma calidad de mano de obra).

Entonces, si esa es la “nueva oferta” del vecino del norte, pues no, gracias.

Las rebanadas del pastel

Lo que Luisa María alcalde, secretaria del Trabajo, debió hacer 30 meses atrás (“en un máximo de 10 días”, instalar una mesa de negociación entre el sindicato de mineros y Grupo México, de acuerdo con la instrucción de López Obrador), Adán Augusto López, secretario de Gobernación, lo hizo en un par de días: ayer iniciaron las pláticas, las reuniones de acercamiento, y el próximo miércoles continuarán. Casi 15 años han transcurrido desde el estallido de la huelga en Cananea (a lo largo de los cuales los gobiernos neoliberales sólo protegieron los intereses del corporativo), y dos años y medio de la citada cuan incumplida instrucción presidencial. Ahora, la diferencia sustancial es que los pretextos dilatorios de una se cambiaron por la voluntad y el oficio político de otro.