El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y Sin Fronteras, entre otras organizaciones, promovieron un amparo ante el juzgado 17 de distrito en materia administrativa de la capital del país contra el restablecimiento del programa Quédate en México, con el que se obliga los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en estados fronterizos mexicanos hasta que sus trámites sean definidos por las cortes estadunidenses en la materia.
Reiteraron que este mecanismo significa “un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional al violar su derecho al debido proceso, al principio de no devolución y a la seguridad, además de ir en contra de la legislación nacional e internacional”.
El gobierno mexicano, insistieron, “no puede seguir coadyuvando en políticas que violan el derecho a la protección de las personas y que representan ir en contra de nuestra Constitución y compromisos internacionales”.
Las organizaciones, junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fjedd), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, denunciaron que la primera vez que este programa fue puesto en marcha, entre enero de 2019 y enero de 2021, fueron devueltos al país “más de 72 mil personas (40 por ciento mujeres y 33 por ciento niños) sin garantizarles acceso a salud, educación, empleo y vivienda pese a que el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo”.
Además, expusieron, “de acuerdo con la documentación de Human Rights First, se registraron más de mil 300 eventos violentos –incluso la muerte– contra esta población, perpetrados por policías, agentes de migración y bandas del crimen organizado”. Recordaron que el 15 de diciembre de 2020, el Imumi y la Fjedd presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República “por dichos actos violentos, sin que a la fecha haya alguna respuesta o reparación del daño, al tiempo que se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
