Al conocerse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que ordena al Estado mexicano reiniciar las investigaciones relacionadas con la muerte de Digna Ochoa debido a las graves fallas en el proceso, la Secretaría de Gobernación (SG) informó que se “estudiarán con atención las disposiciones del tribunal interamericano en su resolución definitiva sobre el presente caso a fin de cumplir con sus términos, de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

En un mensaje de sus redes sociales, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de esa dependencia, Alejandro Encinas, aseveró que “el Estado Mexicano refrenda los compromisos y acuerdos alcanzados con la familia de la defensora Digna Ochoa, y en materia de reparación del daño y garantías de no repetición atenderá puntualmente lo señalado” por la Coridh.

Asimismo, en un mensaje emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SG, el Estado Mexicano se comprometió a honrar la memoria y el legado de la defensora de los derechos humanos. “México reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y su respaldo a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, según el comunicado conjunto.

La resolución fue celebrada por organizaciones sociales. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos consideró que ésta visibiliza “el riesgo que históricamente ha significado la defensa de los derechos humanos en México”.

A su vez, Amnistía Internacional “saludó” la decisión e hizo un llamado “al Estado Mexicano para cumplir todos los puntos de la sentencia y las medidas de reparación del daño”, así como a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En la resolución, que corresponde a una sentencia dictada el 25 de noviembre pasado, la Coridh determinó la responsabilidad del Estado Mexicano en las graves fallas en la investigación de la muerte de la abogada, por lo que ordenó reabrir las investigaciones, juzgar y sancionar a los responsables, efectuar un acto público de responsabilidad internacional y crear un reconocimiento en derechos humanos que lleve su nombre.

Textualmente, la sentencia de la Coridh señaló: “En su escrito de alegatos finales, y derivado del reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado, éste informó a la Corte que había llegado a un acuerdo con los familiares de la señora Digna Ochoa, que comprende la aceptación y disposición de reabrir la investigación en términos de lo señalado en la recomendación tercera del informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La corte valora positivamente la voluntad del Estado de reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa”.

Con información de Arturo Sánchez Jiménez