La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo, encabezaron una organización criminal integrada por varias células, con las cuales “encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”. Tres de sus prestanombres y encargados de operaciones financieras mediante empresas fachadas ya fueron detenidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Información del Poder Judicial de la Federación refiere que los arrestados fueron identificados como Yarely Eunice Delgado Sierra, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras.
La FGR añadió que en noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel Á., Inés G., Edgardo Mauricio V., Rosario A., Margarita C., Ricardo P., Mauricio R. y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando de esa manera el rastreo de esos recursos”.
Desde septiembre de 2021 la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Gómez Mont y Álvarez Puga, las cuales le fueron concedidas por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, y en octubre pasado las autoridades mexicanas lograron que se emitiera la ficha roja, con lo que corporaciones policiacas de más de 190 naciones colaboran en la ubicación de los prófugos.
Álvarez Puga y la ex conductora de televisión, según la FGR, “presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por Internet, encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes, y sólo dos de sus contratos representaron un desvío de casi 3 mil millones de pesos.
“La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Á. e Inés G., que operaban con supuestos representantes de personas morales.
“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor Z., Armando R., José O., Ricardo C., Yareli C., quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”, indicó la FGR.
Asimismo, se descubrió que varios servidores públicos “fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales, y en esa estructura se encontró a Eduardo G., Paulo U., Emanuel C., Jesús P. y Jorge N.”
