La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, arribó ayer a México para sostener una serie de encuentros con su homóloga Rocío Nahle, el canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de las juntas de coordinación política de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como con miembros de la industria y la sociedad civil. Durante la reunión con el titular de Relaciones Exteriores, Granholm afirmó que su país será un gran aliado de México en energías limpias y que, pese a los temas en los que debe trabajarse, “al final de cuentas vamos a ser aliados fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte”.
Asimismo, se refirió a su cita con el mandatario como una “oportunidad de tener una muy buena conversación con un gran aliado”.
Las declaraciones emitidas hasta el cierre de esta edición apuntan a despejar dos impresiones falsas. La primera, es la muy difundida falacia de que el gobierno federal carece de una política energética con enfoque ambiental y orientada al aprovechamiento de las energías limpias. En este aspecto, no está de más recordar que se ha puesto en marcha un amplio programa de recuperación y modernización de las plantas hidroeléctricas abandonadas por las administraciones neoliberales a fin de crear artificialmente un mercado a los actores privados; que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla el proyecto fotovoltaico más grande de América Latina en Puerto Peñasco, Sonora; el impulso de la misma CFE a la generación solar doméstica con el esquema denominado net metering, o la prospección de fuentes de energía geotérmica.
El discurso según el cual la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal sería nociva para el medio ambiente es fabricado por los consorcios que desean mantener contratos que les son tan favorables a ellos como depredadores del erario, replicado por la oposición política y mediática, y retomado por grupos ambientalistas mal informados acerca de lo que está realmente en juego.
La segunda impresión errónea que se desmiente es la de que la administración Biden amonestaría a México por la lentitud de sus avances hacia la transición energética.
Además de que tal actitud sería una intromisión en la soberanía nacional, Washington no está en buena posición para “regañar” a cualquier otra nación por sus resultados en la materia, toda vez que Estados Unidos es el segundo emisor global de gases de efecto invernadero y casi quintuplica las cifras mexicanas en emisiones por habitante.
Para ilustrar estas disparidades, puede mencionarse que los habitantes del país vecino consumen en promedio 10 veces más barriles de petróleo al año que los mexicanos.
Remarcar el enorme costo ecológico del llamado “estilo de vida estadunidense” no implica eludir la responsabilidad propia en la lucha contra la contaminación y el calentamiento global, sino poner en perspectiva las dimensiones de la problemática en cada país, y señalar que los avances en este sentido deberán plantearse en un ámbito de entendimiento de las condiciones y necesidades particulares sociales y económicas.
Por ello, resulta positivo que la agenda bilateral se establezca en términos de colaboración, y es de esperarse que este tono se mantenga en lo subsecuente.
