La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la controversia promovida en 2019 por el entonces gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, que pretendía delegar al gobierno federal el sostenimiento del sistema educativo del estado.

Los ministros señalaron que los gobiernos federal, de los estados y los municipios tienen facultades concurrentes para financiar el aparato de educación pública, conforme la Ley General de Educación (LGE) promulgada en 2019.

Aureoles alegaba falta de recursos para pagar a los maestros, quienes realizaron movilizaciones en el estado desde 2018, en demanda del pago de sueldos y prestaciones atrasadas.

Por ello, el entonces mandatario estatal demandó que el gobierno federal asumiera este gasto, argumentando que con la reforma a la LGE se había acabado con la descentralización educativa, vigente en el país desde 1992.

Sin embargo, tres de los cinco ministros de la sala señalaron que el artículo 114 de la LGE estipula claramente que los gobiernos de los estados son directamente responsables de “prestar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena, así como la normal y demás para la formación docente.”

La sentencia aprobada argumenta que “el estado de Michoacán de Ocampo está constreñido a cumplir con las obligaciones derivadas del marco del sistema normativo concurrente que regula la competencia y atribuciones en materia educativa entre la Federación y las entidades federativas, así como de aquellas que adquirió y se comprometió a asumir al suscribir el acuerdo y los convenios que celebró con el gobierno federal”.

La decisión de la SCJN sólo aplica en el caso de la controversia promovida por el gobierno de Michoacán, toda vez que fue aprobada en votación dividida, y no por una mayoría calificada.