San Cristóbal de Las Casas, Chis. Organismos defensores de derechos humanos pidieron al juez de la causa que en el juicio oral a efectuarse el día 21 de enero, “tome en cuenta las pruebas que acreditan que Yonny Ronay Chacón González, víctima de tortura, es inocente y le otorgue la libertad inmediata”.

En un documento firmado por Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, demandaron que “como consecuencia de la privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura el Estado mexicano repare todo el daño que ha causado a él y a sus familiares” y que se “investigue exhaustivamente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso”.

Aseguraron que Yonny Ronay Chacón González, estudiante de Ingeniería mecánica automotriz, “fue detenido de manera arbitraria el 13 de marzo de 2019 y durante tres días fue torturado junto a otras dos personas por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del Estado. Primero fue torturado en Tuxtla Gutiérrez y después en Villaflores”.

Agregaron que “los actos de tortura que vivió Yonny Ronay consistieron en insultos, amenazas intimidatorias, sometimiento a posturas corporales incómodas, desnudez forzada, vendaje de ojos, golpes con puños, manos abiertas, pies y planchas ‘de manera’ en las piernas, el rostro y cabeza; asfixia con agua y con una bolsa con sustancia picante, toques eléctricos y tortura psicológica”.

Según las agrupaciones, “los primeros actos de sometimiento bajo tortura ocurrieron en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto de la FGE y posteriormente en Villaflores, antes de ser llevado a la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en ese municipio”.

Señalaron que “el 14 de marzo del 2019, se le expuso en medios de comunicación como parte de una banda criminal con armas de grueso calibre. No obstante, en la noche del día 15 de marzo se le concedió su libertad, ya que la Fiscalía de Alto Impacto alegó que a Yonny Ronay solamente se la había encontrado una navaja multiusos”.

Manifestaron que “la noche de su liberación, frente a su familia, Yonny Ronay fue detenido de nueva cuenta a solicitud de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, acusándolo de homicidio y robo. La orden de aprensión había sido solicitada el mismo 15 de marzo de 2019. Yonny Ronay fue trasladado al municipio de Villaflores, y durante el trayecto fue nuevamente torturado. Desde entonces está privado ilegalmente de su libertad” en el penal de Villaflores, Chiapas.

“De acuerdo con la documentación del Frayba, la Fiscalía de Alto Impacto utilizó su licencia de conducir para colocarlo como testigo de cargo de un supuesto delito de robo ejecutado con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el 24 de abril de 2019, con lo que falsificó el testimonio y firma de Yonny Ronay, con los cuales inculparon y sentenciaron a las dos personas privadas de la libertad” en el penal de El Amate, ubicado en Cintalapa.

Aseguraron que “en el caso del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la investigación pasó a la Fiscalía General de la República (FGR), que concluyó que Yonny Ronay no pudo haber sido testigo de esos delitos porque ya se encontraba detenido desde el 13 de marzo de 2019, e indicó que la FGE había simulado pruebas contra de las dos personas por el delito de robo y portación de armas”.

Remarcó que “a pesar de contar con pruebas ilícitas dentro de su proceso penal, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años de prisión en septiembre del año pasado”, por lo que “la defensa apeló y se logró reponer el proceso, motivo por el cual la audiencia de juicio oral se llevará a cabo el 21 de enero de 2022 a las 13 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuidad de Villaflores”.

Concluyeron: “Debido a las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo e imparcial cometidos contra Yonny Ronay, hacemos un llamado al Juez para efectuar un fallo que garantice la protección más amplia de los derechos humanos”.