Ciudad de México. Dos hombres que duermen en un bajopuente de la Glorieta de los Insurgentes echan relajo cuando miran a los jóvenes pegar carteles. “¡Son nuestros fans!”, grita uno, y el otro celebra con una carcajada.
De alguna manera no les falta razón. Los jóvenes pertenecen a organizaciones agrupadas en la Alianza contra la Desigualdad (ADM), una iniciativa desplegada en 66 países que se propone “aminorar las brechas de desigualdad a nivel global”.
Aquí y en otras latitudes, la alianza promueve que los países establezcan un impuesto a las grandes fortunas. En el caso de México, esto significaría, entre otras cosas, que los 13 multimillonarios cuyas fortunas rebasan los ingresos de casi la mitad de la población, pagaran un impuesto especial a la riqueza (un pelito del gato, pues la propuesta propone tasas de 2 a 5 por ciento).
“Que los ricos paguen” (o #QueLxsRicxsPaguen, para efectos de redes sociales), es el nombre de la campaña. Los activistas conversan con la gente, pintan murales, organizan rodadas y pegan carteles con el lema impreso en español, nahuátl, purépecha y hñähñu.
“Toma chocolate, paga lo que debes” es otra de los lemas de la campaña, que pareciera dirigido al magnate Salinas Pliego y su reticencia a ponerse al corriente con el Servicio de Administración Tributaria.
La campaña pretende, en el caso nacional, que diputados y senadores hagan suya la propuesta de fijar un impuesto a las familias más ricas del país.
Antes de dejar la Glorieta para seguir la pega de carteles por Insurgentes, Aline Zunzunegui, coordinadora nacional de la ADM, recordó que el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa para crear un impuesto a la riqueza, aunque después “se fue para atrás esa iniciativa”.
En el caso de América Latina se combinan la resistencia de los más ricos a cumplir con las haciendas públicas y una pobre cultura fiscal. Esto ha impedido, en la perspectiva de la activista, que prosperen iniciativas como el impuesto a la riqueza.
Para ser realidad, la iniciativa requeriría una reforma fiscal que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado innecesaria, sobre todo tras la eliminación legal de las condonaciones y los sucesivos anuncios de pago de impuestos atrasados por grandes consorcios.
“Lo vemos utópico, pero estamos haciendo estos esfuerzos para que pase”, cierra Zunzunegui.