Aun cuando la Cámara de Diputados no ha cumplido el fallo de la Corte para definir cómo se calcula el salario del jefe del Ejecutivo federal y justificar con ello que ningún funcionario gane más que éste, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), presentó una iniciativa a fin de que no proceda el amparo para aquellos servidores públicos que buscan seguir percibiendo un sueldo mayor al primer mandatario.
Se refirió al caso de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes, dijo, han abusado del amparo para seguir violando la disposición que prohíbe a los funcionarios ganar más que el Presidente y les pidió que renuncien porque han dejado de ser árbitros electorales y se convirtieron en actores de oposición.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gutiérrez Luna sugirió a los directivos citados hacer un favor al país, al Instituto Nacional Electoral y a la democracia y que se afilien a algún partido político para que puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo.
El morenista añadió que las suspensiones obtenidas les han permitido continuar con salarios exorbitantes y beneficios de seguro de gastos médicos mayores, de separación, bonos y privilegios que ya están prohibidos.
Impedir suspensiones
Por eso, dijo que presenta una iniciativa para reformar la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de los artículos relacionados con las acciones y controversias constitucionales para que no procedan las suspensiones, para violar la Constitución y ganen más que el jefe del Ejecutivo federal. Esto va a impedir que sigan teniendo privilegios contrarios a lo que ordena la Carta Magna, puntualizó.
La iniciativa establece que en materia de juicio de amparo se presume afectación al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se permita que cualquier servidor público reciba un sueldo o retribución mayor a la remuneración anual máxima del Presidente de la República.
Gutiérrez Luna precisó que la prohibición de que los funcionarios obtengan salarios mayores al del Presidente de la República viene de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, pero fue letra muerta hasta que llegó el gobierno actual.
