Ciudad de México. El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Sin Fronteras IAP, entre otras organizaciones, promovieron un amparo ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la capital del país contra el restablecimiento del programa "Quédate en México", con el que se obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a permanecer en estados fronterizos mexicanos hasta que sus trámites sean definidos por las cortes estadunidenses en la materia.

Reiteraron que este mecanismo significa “un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional al violar su derecho al debido proceso, al principio de no devolución y a la seguridad, además de ir en contra de la legislación nacional e internacional”.

El gobierno mexicano, insistieron, “no puede seguir coadyuvando en políticas que violan el derecho a la protección de las personas y que representan ir en contra de nuestra Constitución y compromisos internacionales. No podemos seguir permitiendo que el Estado mexicano siga coludido con el gobierno estadounidense para poner en riesgo la integridad de las familias que buscan protección”.

Las organizaciones junto con Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho FJEDD, Asylum Access México, la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, denunciaron que la primera vez que este programa fue puesto en marcha, entre enero de 2019 y enero 2021, “se devolvió a México a más de 72 mil personas -40 por ciento mujeres y 33 por ciento niñez- sin garantizarles acceso a salud, educación, empleo y vivienda pese a que el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo”.

Además, expusieron, “de acuerdo con la documentación de Human Rights First se registraron más de mil 300 eventos violentos -incluso la muerte- contra esta población, perpetrados por policías, agentes de migración y bandas del crimen organizado”. Recordaron que el 15 de diciembre de 2020, el IMUMI y la FJEDD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República “por dichos actos violentos sin que a la fecha haya alguna respuesta o reparación del daño, al tiempo que se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

También refirieron que desde 2020 “las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la oportunidad de pronunciarse contra la participación del gobierno mexicano en políticas de asilo contrarias a nuestra Constitución como el Programa “Quédate en México”. A la fecha no se hay ningún pronunciamiento al respecto”.

Destacaron que a diferencia de la primera vez que se instauro dicho programa, “que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, esta reinstalación establece el regreso de personas de todo el continente, incluido Haití. Los puntos fronterizos por donde se han realizado las devoluciones hasta ahora son San Diego y El Paso”.