Confirmada la realización del ejercicio de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre su solicitud de ampliación presupuestal por mil 730 millones de pesos para financiar la consulta. Sólo a partir de tener certeza de los recursos con que se contará, sostuvo el consejero Martín Faz, se determinarán los alcances del proceso y las casillas a instalar.
El Registro Federal de Electores obtuvo ayer la muestra aleatoria de 805 ciudadanos que serán visitados por personal del INE para verificar la autenticidad de la firma. El director del RFE, René Miranda, destacó que “atendiendo la Ley Federal de Revocación de Mandato, se instruye a esta dirección ejecutiva llevar a cabo un ejercicio para constatar la autenticidad de las firmas que hoy se inicia a partir de la generación de la muestra aleatoria de los registros que se verificarán en campo para corroborar justamente la fidelidad del apoyo recibido”.
Faz señaló que para el INE el plazo máximo para definir los alcances del ejercicio es el 31 de enero, para que la SHCP les responda en cualquier sentido (afirmativo o negativo) la petición. A partir de entonces, el INE determinará los alcances del ejercicio, pues si bien la Ley de Revocación de Mandato establece que se deberá instalar el mismo número de casillas que en la elección federal (161 mil), la resolución de los magistrados abre la puerta al instituto para poder efectuarlo con una cantidad menor.
El consejero explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al INE realizar las adecuaciones presupuestales pertinentes y, en su caso, vincular a la SHCP a fin de que le otorgue mayores recursos para financiar el proceso.
Sin embargo, los magistrados también determinaron que una vez que se hayan definido ambos procedimientos, el INE organizará el ejercicio en función de las suficiencias financieras con que cuente, sin poner en riesgo otras responsabilidades como autoridad ni comprometer derechos laborales.
Destacó que la premura del plazo obedece a que el 5 de febrero deberán estar contratados los capacitadores electorales, pero será en función de los recursos la proporción en que serán contratados. Es decir, añadió Faz, para instalar las 161 mil casillas se requiere contratar a 37 mil capacitadores y supervisores electorales, de ahí la relevancia de tener ya la certeza sobre el presupuesto con que contará el instituto.
