El ministro Javier Laynez Potisek propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar la decisión del gobierno federal de entregar a los Estados Unidos parte del agua de la presa La Boquilla, en cumplimiento del tratado bilateral vigente desde 1944, además de declarar como legítima la actuación de la Guardia Nacional (GN) durante el conflicto suscitado por este asunto.

El proyecto presentado por Laynez señala sin embargo que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas, como ordena el decreto presidencial publicado el 8 de febrero de 2012.

Este jueves, la SCJN comenzó a analizar las 18 controversias constitucionales interpuestas por municipios de Chihuahua, en contra del cumplimiento de este tratado internacional, que en 2020 llevó a grupos de agricultores a tomar la presa de La Boquilla, lo cual suscitó enfrentamientos con la GN, en los que murió una mujer.

El primer juicio analizado por la SCJN es el promovido por el municipio de Cusihuiriachi, en este caso, los ministros consideraron que no presentó elementos suficientes como para impugnar la actuación de la GN en los hechos, por lo cual se propuso desestimar este punto.

El ministro Laynez también propuso sobreseer el tema de la petición del municipio para que se reglamente la Ley de Aguas Nacionales, ya que este asunto es un tema de legalidad y no de constitucionalidad.

El único punto en donde se da la razón al municipio quejoso es sobre la omisión del Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Aguas, sobre lo que se propone ordenar a las cámaras de diputados y senadores que aprueben esta norma en su próximo periodo de sesiones, es decir, este mismo año.

Debido a la pandemia, los ministros redujeron el tiempo de sus sesiones, por lo cual la discusión de este asunto continuará hasta la próxima semana.