Ante el desbordamiento de los flujos migratorios de los últimos años, relacionados con Guatemala, El Salvador, Honduras y México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizó un enorme esfuerzo en la idea de abatir las causas que obligan al desplazamiento a millones de seres humanos a través del Proyecto de Desarrollo Integral (PDI). La directora de la Cepal, Alicia Bárcena, lo presentó en la Reunión de Embajadores y Cónsules 2022. Señaló que consta de 114 proyectos a cinco años, con un costo de 45 mil millones de dólares y busca abordar las causas estructurales de la migración; involucra a 20 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que operan en América Latina y el Caribe cuya idea central es “cambiar la narrativa de la migración ligándola al tema del desarrollo sostenible y la paz”. La pandemia de covid-19 ha mostrado que la estructura de la “cultura del privilegio” genera un crecimiento económico insuficiente, alto nivel de desigualdad, persistencia de la pobreza y daño ambiental, cuatro factores que, de acuerdo con la Cepal, constituyen causas estructurales de la movilidad humana.
La propuesta es importante y los documentos apuntan a enfrentar los rezagos de la región a partir de un nuevo estilo de desarrollo y de esta forma ir a las causas de la migración.
Sin embargo, surgen algunas preguntas. ¿Es posible que las inversiones extranjeras tengan por sí mismas la capacidad de transformar las condiciones de la flagrante desigualdad si se aplican sobre las mismas estructuras nacionales que la sostienen? Lo probable es que se potencie y profundice y con ella la “cultura de los privilegios”.
Para evitar este peligro se requiere reformar instituciones que claramente son generadoras de desigualdades, es decir, las políticas fiscales. Los estados de la región deben comprometerse a impulsar una reforma tributaria que cambie la ineficiente recaudación y la enorme evasión fiscal aplicando medidas para una equitativa redistribución. Los datos de la Cepal reflejan esta situación. Las tasas de recaudación tributaria de Guatemala y México están entre las más bajas de la región y del mundo que en 2018 correspondían a 10 y 13 por ciento del PIB, respectivamente, en tanto que en El Salvador y Honduras alcanzaron 18 por ciento del PIB; una fiscalidad débil y con muchos componentes regresivos, ya que “menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos y el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos” lo que promueve la concentración del poder económico en Centroamérica al constatar que 10 por ciento de la población de mayor ingreso ganó 70 veces más que el 10 por ciento de menores ingresos.
Es decir, la pobreza se sostiene y expande porque hay una política fiscal que genera la más profunda desigualdad e impide impulsar políticas sociales universales. Los impuestos deben aplicarse en forma progresiva, el que más gana paga más, y así dinamizar la capacidad del Estado para financiar los programas sociales, los bienes públicos y la infraestructura con una clara orientación hacia la salud, educación, vivienda, transporte, investigación, etcétera.
Con el cambio de políticas impositivas será posible elevar los niveles de inversión en ciencia, tecnología y la innovación que en la región se han mantenido bajísimos en los últimos 15 años. Por ejemplo, México aplica sólo 0.53 por ciento del PIB, El Salvador 0.13, Guatemala 0.03 y Honduras 0.02, muy inferiores a otros países como Suecia (3.26) o Corea del Sur (4.34). La inversión en conocimiento es un factor estratégico que apunta al crecimiento económico, a la creación de empleos y mejora los estándares de vida, pero sobre todo es un paso central para ir superando la dependencia tecnológica.
Finalmente, los gobiernos de la región deben acordar las condiciones en que las inversiones extranjeras van a trabajar en sus países, establecer regulaciones que eviten, como señala la propia Cepal, que “se privilegie los derechos de los inversionistas extranjeros sobre los derechos del Estado anfitrión que busca el interés público y el desarrollo sostenible”. En este mismo sentido, las condiciones para la transmisión de la tecnología deben ajustarse a los objetivos del desarrollo económico y social y de independencia nacional.
El PDI sin los cambios en las políticas impositivas difícilmente podrá alcanzar sus objetivos de desarrollo y abatir la movilidad de millones de personas. El desafío es enorme y requiere el compromiso de los estados y los grupos sociales para consolidar un nuevo proyecto de desarrollo regional y hacer realidad el derecho a no migrar, así como el derecho a migrar.
