En la actualidad no existe ninguna explicación por parte del Instituto Nacional Electoral, ni por el órgano equivalente local, que pueda aclarar lo que parece ser la compra de puestos de trabajo en alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc.
Quienes hoy cuentan con empleos en esas demarcaciones, algunos de ellos muy bien remunerados, depositaron dinero u otros bienes a favor de las campañas de quienes están ahora a la cabeza de las alcaldías señaladas.
Sabemos, por los asuntos que se han ventilado desde hace ya mucho tiempo, que en los gobiernos panistas hubo una ausencia de honradez que lastimó muy profundamente al país y desacreditó a la política como la posibilidad de crear los ámbitos de justicia exigidos por la sociedad.
En ese entendido no parecería tan novedoso hablar de que en el PAN se pusieran a la venta los puestos de trabajo; habrá que tener en cuenta que este organismo político defiende al mercado como la única posibilidad de entendimiento para la sociedad.
Así pues, lo que llama la atención es la inacción del árbitro electoral que presume de hallar y enjuiciar hasta el más mínimo detalle que pudiera desbalancear, si así se puede decir, la equidad en los procesos de elección.
Saben los panistas, igual que la gente del INE, que lo hecho es cuando menos incorrecto porque nos alerta de un mecanismo que echado a andar puede convertirse en la fisura por donde algunos necesitados de proteger corruptelas o cosas peores se cuelen a instancias de poder desde donde hagan valer hegemonías tóxicas para la gente.
Seguramente habrá una explicación para esto que parece una omisión escandalosa, por decir lo menos, y tiene que ponerse al alcance de toda una sociedad a la que se le hizo creer en una competencia electoral “limpia y justa”.
La pregunta que salta es: ¿con quién está gobernando Acción Nacional? Quienes cooperaron con las campañas para obtener un lugar en el gobierno podrían no ser los más capacitados ni los más interesados en hacer un buen gobierno, sino en tener un chamba que les permita subsanar sus necesidades económicas y nada más.
Habrá que esperar a que el árbitro electoral voltee hacia esos problemas que se esconden en los documentos del organismo de fiscalización del propio INE para que se mire de cerca quién es quién en eso de la competencia por el poder.
De pasadita
Es innegable que los padres de los niños de escuelas públicas y privadas han decidido, en su mayoría, no enviar a sus hijos a clases; el miedo a la enfermedad ha inhibido las intenciones de tener clases presenciales.
Las palabras de las autoridades que los alientan a llevar a los pequeños a los salones no han servido para impedir el terror que causa saberse culpable de la enfermedad de un infante.
Está muy claro aquello de que la pandemia no es tan peligrosa para un menor, y también los problemas que trae el que se queden en sus casas, pero parece que la gente ha decidido y no quiere que vuelvan a la escuela.
Bajo ese esquema, tendríamos que preguntarnos qué tan bueno sería que se vacunara a los niños y con esa confianza se les mandara a las escuelas. Es decir, si ahora los niños van a tener problemas de encierro y eso es lo que decidieron los padres, pero el gobierno advierte el daño que puede causar el aislamiento, que se maten dos pájaros de un tiro. Que se rompa el aislamiento con las vacunas que darán confianza a los padres y madres de familia.
