El próximo 10 de abril se realizará por primera vez el ejercicio de revocación de mandato presidencial al confirmarse ayer el cumplimiento de los requisitos legales para que se efectúe. El reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) al 17 de enero arrojó la validación de 2 millones 845 mil 634 firmas de apoyo, esto es 103 por ciento de la meta establecida, por arriba de 2 millones 758 mil 227 de respaldos que exigía la ley para que procediera su convocatoria.
Sin embargo, en conferencia, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, informó que se mantendrá vigente la fecha fijada en los lineamientos del proceso y será hasta el 4 de febrero cuando se lance la convocatoria oficialmente.
Explicó que aún hay aspectos que deben desahogarse, entre ellos la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la solicitud de ampliación presupuestal por mil 730 millones de pesos para financiar el costo de la consulta, pues de ello dependerá el alcance de las mesas receptoras que se colocarán.
La semana pasada se cumplió el primer requisito para que procediera el ejercicio: la dispersión territorial. La ley obligaba a que en al menos 17 entidades se cumpliera el umbral mínimo de apoyo del 3 por ciento de ciudadanos del listado nominal. Según las cifras oficiales, 21 estados habían alcanzado ese objetivo: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Sólo faltaba el otro factor numérico: el 3 por ciento del listado nominal nacional, el cual se confirmó según el reporte difundido ayer. No obstante, Miranda anunció que el instituto determinó la verificación total de 11 millones de respaldos entregados al INE, lo cual concluirá hacia finales de febrero, pues apenas va 65 por ciento del total, proceso que implicará un gasto extraordinario de 6.3 millones de pesos por concepto de salarios de 430 trabajadores contratados..
Hasta el momento se han reportado 800 mil firmas con algún tipo de inconsistencia (que pudiera ser falta de un dato o copia de credencial de elector en los apoyos en papel), de los cuales hay 12 mil 800 personas ya fallecidas. En el primer caso, dijo que se otorgará el derecho de audiencia y la posibilidad de que se interponga un recurso para que el ciudadano pueda objetar que no se considerara válida su firma o bien de aquellos que se incluyó su respaldo sin ser consultados.
A pregunta expresa sobre el número de casillas que se instalarán, Miranda explicó que originalmente el INE previó 161 mil (equivalentes a las que se colocaron en las elecciones intermedias de 2021), a partir de lo cual se realizó el cálculo de 3 mil 800 millones de pesos que costaría el ejercicio.
Está claro –dijo– que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo dispusieron los recursos necesarios para un ejercicio de esas dimensiones, por lo que, a la espera de la respuesta de la SHCP, de no ampliarse el gasto se colocarían alrededor de 70 mil.
Respecto a la posibilidad de utilizar el voto electrónico, Miranda señaló que el INE ya ha instrumentado ejercicios de voto por Internet desde el extranjero, pero requiere de una planeación y plazos para dar certeza de su realización.
