La situación en Cananea, Sonora, es tensa y puede complicarse, por ello los trabajadores demandan la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, ni siquiera respondió a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se resuelvan las demandas de los mineros de la sección 65 del Sindicato Minero, que tienen 15 años en huelga y han padecido “todo tipo de injusticias y atropellos por parte de Grupo México”, advirtió el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.
El dirigente nacional del Sindicato Minero resaltó que la toma de la carretera y los accesos a la mina de cobre en Cananea, que comenzó ayer, es un “acto desesperado” de los trabajadores que se enfrentaron desde 2007 a la complicidad de gobiernos del PRI y del PAN y ahora a la negligencia y falta de interés de la secretaria del Trabajo.
El senador Gómez Urrutia resaltó que pese a que el gobierno de Felipe Calderón utilizó la fuerza pública para romper la huelga de los mineros de Cananea y permitió que Grupo México reabriera la histórica mina con personal de otras entidades y hasta centroamericanos a quienes paga salarios ínfimos, los más de 2 mil trabajadores de la sección 65 siguieron en la lucha y lograron que la queja que presentaron ante la CIDH fuera admitida y resuelta a su favor en agosto del año pasado.
Sin embargo, expuso, el gobierno mexicano no respondió “al ofrecimiento de solución amistosa” que formuló ese organismo internacional, según comunicó la propia CIDH a la representación sindical de los mineros en diciembre del año pasado. “No tiene excusa la Secretaría del Trabajo para no hacerlo”; no toma en cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a Cananea, ofreció resolver el añejo conflicto, señaló el senador Gómez Urrutia.
Explicó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ha mediado en el asunto y habló con el vicepresidente ejecutivo de Grupo México, Francisco García de Quevedo, pero la respuesta de éste fue “que andan muy ocupados y quizá el 2 de febrero podrían tener una reunión y plantear alguna posibilidad”.
El dirigente sindical hizo notar a Durazo, explicó, que ello es muestra de la arrogancia de Grupo México y las pocas ganas de resolver el conflicto. “De ahí que mis compañeros de la sección 65, que tantos agravios acumulan, pidan que intervenga el secretario de Gobernación”.
Por su parte, desde Cananea, el abogado del Sindicato Minero, Óscar Alzaga, acusó a la secretaria del Trabajo de estar “malinformando” al Presidente de la República, “pues oculta el verdadero sentido” de la recomendación de la CIDH y “actúa a favor” de Germán Larrea, dueño de Grupo México, y en contra de los trabajadores de la sección 65.
Incluso sostuvo que “hay mano negra” en el conflicto por la intervención del padre de la secretaria, el abogado laboral Arturo Alcalde, que es quien aconseja a la responsable de la política laboral del país sobre estas decisiones contra los mineros.
