La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) solicitó información sobre el “supuesto permiso de convivencia familiar” que pidieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García (de Movimiento Ciudadano) y su esposa, Mariana Rodríguez, presidenta de la Oficina Amar a NL, para llevar a su domicilio el pasado fin de semana a un infante que está bajo resguardo de un centro asistencial público y al cual exhibieron en sus redes sociales.

Oliver Castañeda Correa, titular de la PFPNNA, instancia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) dijo a La Jornada que de esta indagatoria podrían derivarse sanciones en caso de comprobarse irregularidades por el egreso del menor que está al cuidado del centro de asistencia social Capullos.

Desde el 15 de enero, la PFPNNA requirió, mediante un oficio dirigido a su homóloga de Nuevo León (que depende del gobierno estatal), datos sobre lo que diversos medios de comunicación identificaron como un “proceso de adopción por un fin de semana”, figura inexistente en la ley.

“En caso de que detectáramos la comisión de algún hecho ilícito, tendríamos que presentar las denuncias correspondientes”, señaló Castañeda Correa, quien añadió que la instancia que dirige fijó un plazo de 72 horas para “remitir la información solicitada”.

Indicó que la PFPNNA no tiene la capacidad de sancionar, pero “de haber una vulneración de derechos emitiremos un documento con las acciones necesarias para proteger a la persona o personas menores de edad” que hubieran resultado afectados.

Recalcó que la ley en México estipula que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no hay adopciones temporales; asimismo, existe el “acogimiento familiar”, pero quienes están inscritos en dicho esquema deben cumplir con requisitos y procedimientos previstos en la ley, la cual no permite que los infantes puedan ser exhibidos.

“El esquema es para proteger a los niños; no es para cualquier persona que quiera llevarse un fin de semana a un niño(a) y pasar un buen rato. Hay un proceso para asegurar que estén en las mejores condiciones; no son actos de caridad, sino para restituir sus derechos”.

En tanto, Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo para América Latina y el Caribe de Tejiendo Redes por la Infancia, celebró que la PFPNNA indague lo sucedido y consideró que debiera iniciarse “una investigación de oficio por posible trata con fines de explotación comercial, pues el gobernador y su esposa tienen sus redes monetizadas”.

En el mismo sentido se manifestó la organización civil internacional Save the Children, la cual consideró que dicha acción vulneró el derecho a la vida privada y a la identidad del menor e incluso podría haberse configurado el delito de trata de personas, “por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en sus redes sociales”.

Este pronunciamiento se sumó a la queja de oficio que el lunes inició la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la salida del lactante (quien padece una discapacidad del sistema nervioso) del albergue Capullos, el sábado.

El organismo envió un exhorto al DIF para solicitarle que se garantice el derecho a la intimidad y protección de datos de los menores.

En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México acusó al mandatario y a su cónyuge de buscar “rédito mediático y económico detrás de una motivación aparentemente humanitaria”.

Con información de Yolanda Chio, corresponsal